Aranceles de Trump: Sheinbaum rechaza ataques de Canadá y "competencia" por qué país le conviene más a Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes los señalamientos del gobierno canadiense sobre que los principales problemas relacionados con el fentanilo sólo provienen de México, además, desestimó que ambos países estén compitiendo por cual es la mejor opción para Estados Unidos, luego de que el presidente electo Donald Trump amagara con aumentar los aranceles a las importaciones en caso de que no se tomen medidas en el tráfico de esta droga y la migración.
"Sí son problemáticas distintas, esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí, son problemas distintos, pero no por ellos somos menos, nunca jamás", afirmó la titular del Ejecutivo durante su conferencia en Palacio Nacional.
Aseguró que así como Estados Unidos, Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo, que se ha incrementado últimamente, pero que cada gobierno tiene que atender la problemática del sus consumo.
"También tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo se ha generado un problema muy graves, entonces tiene problemas de funciones debidas a la adicción de opioides, México las tiene muy bajo nivel".
Atribuyó los ataques canadienses a México como parte de una campaña electoral.
“Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual”, zanjó.
Asimismo, reiteró la importancia de la relación entre los tres países. "Nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos”, expuso, al aclarar que no es solamente a nivel comercial y económico, sino también en temas culturales y educativos “y muchas otras relaciones”.
La polémica comenzó el lunes de la semana pasada, cuando Trump amenazó con la imposición de 25% de aranceles a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se “detenga la invasión” de los migrantes ilegales y drogas, en particular el fentanilo.
En respuesta, Sheinbaum le envió una carta en la que le expuso la caída de 75% en los encuentros diarios de indocumentados desde diciembre en la frontera común, le advirtió de que "a un arancel vendrá otro en respuesta" y rechazó sus "amenazas".
El viernes, Sheinbaum cerró la semana de especulaciones sobre las amenazas arancelarias al mostrarse confiada en que su gobierno llegará a acuerdos en migración y narcotráfico para evitar aranceles de 25% a productos mexicanos.
Tomado de Latinus
Con información de EFE
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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