Mientras la deuda federal alcanza niveles históricos, Chihuahua con manejo responsable y sin déficit por cuarto año consecutivo: Jorge Soto
Chihuahua se consolida como el estado líder en generación de ingresos propios, alcanzando un 35% de su presupuesto a través de recursos locales, mientras que el 65% restante proviene de aportaciones federales. El diputado Jorge Soto subrayó que estos ingresos federales no son “regalos”, sino el resultado del esfuerzo de los chihuahuenses dentro del marco del pacto fiscal nacional.
La gobernadora Maru Campos ha firmado el Paquete Económico 2025, que asciende a más de 107 mil millones de pesos, marcando un hito en la planificación financiera estatal. En los próximos días, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizará los detalles del documento para definir la distribución de los recursos en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. Además, se contempla la posibilidad de citar a funcionarios clave para ampliar explicaciones y resolver cualquier duda que surja durante la revisión.
El Congreso dedicará el tiempo necesario para consensuar un presupuesto funcional y adaptado a las necesidades de los chihuahuenses. A diferencia del Presupuesto Federal, en el ámbito estatal existe apertura para realizar ajustes y modificaciones. Jorge Soto destacó que, dado el volumen del presupuesto, algunos rubros podrían requerir ajustes para garantizar el máximo impacto en beneficio de la población.
Con una fecha límite establecida por ley para el 31 de diciembre, los legisladores han iniciado los trabajos con seriedad, definiendo el rumbo financiero del estado para el próximo año.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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