El Comité Estatal Anticorrupción busca reforzar los Órganos Internos de Control de los municipios
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción celebró su décima primera sesión ordinaria en la sala del Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua. La reunión contó con la participación presencial de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Dra. Carmen Álvarez, el Comisionado Presidente del ICHITAIP, Lic. Sergio Rafael Facio y del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Lic. Alejandro Salasplata; Asimismo, participaron de manera remota el Lic. Roberto Fierro, titular de la Secretaría de la Función Pública; Lic. Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado; y el Magdo. Alejandro Tavares, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Durante la sesión, se aprobó por unanimidad el orden del día y el acta correspondiente a la décima sesión ordinaria, celebrada el 25 de octubre de 2024. Posteriormente, se presentó y discutió un acuerdo que exhorta a los 67 municipios del estado a reforzar sus órganos internos de control. El objetivo del acuerdo es garantizar que estos órganos cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, se acordó solicitar un informe actualizado sobre la estructura y operatividad de dichos órganos, en particular para identificar su nivel de cumplimiento y adecuación a las normativas vigentes.
Otro punto destacado de la sesión fue la presentación del Programa de Trabajo Anual 2025. Este documento, que será sometido a votación en la próxima sesión, incluye iniciativas clave en los ejes de fortalecimiento institucional, vinculación social y rendición de cuentas. Entre las propuestas resalta la aprobación del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, así como la creación de un boletín bimestral del Sistema Estatal Anticorrupción, diseñado para fomentar la transparencia y la participación ciudadana.
Durante la reunión, se reconoció el valor del estudio realizado durante la revisión de la Cuenta Pública 2022 por la Auditoría Superior del Estado, que ha servido como base para el fortalecimiento de los órganos internos de control municipales. Este esfuerzo, según se destacó, es único en el país y subraya la importancia de las acciones coordinadas para combatir la corrupción.
La presidenta del Comité, Carmen Álvarez, agradeció la participación de todos los asistentes y resaltó la relevancia de los acuerdos alcanzados para fortalecer los mecanismos anticorrupción en el estado.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
