Alfaro designó a nuevos titulares de 15 notarías en Jalisco a dos semanas de que deje el cargo; acusan que hay familiares de políticos
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro,designó a 15 personas al frente de notarías en el estado a sólo dos semanas de dejar el cargo.
La edición del pasado 21 de noviembre del Periódico Oficial de Jalisco señala que estas personas habrían aprobado y obtenido la “mejor calificación” en su examen para el cargo.
No obstante, medios locales han acusado al gobernador de repartir estos lugares a familiares de políticos.
Uno de los casos es el de Emilio González Guzmán, a quien publicaciones locales han señalado como hijo del exgobernador Emilio González Márquez.
González Márquez fue gobernador del estado de 2007 a 2013; su hijo estará al frente de la notaría 16 en Guadalajara.
El segundo señalado es Santiago Guzmán de Anda, quien afirman es hijo del exsecretario de Gobierno, Fernando Guzmán; estará en la notaría seis de Zapopan.
También se encuentra Gerardo Monraz Villaseñor, hermano del secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y fue nombrado para la 18 en Zapopan.
Medios y usuarios en redes identificaron aDaniel Bailón Fonseca como hijo del expresidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Lorenzo Bailón Cabrera.
El también hermano del recién designado notario, Lorenzo Bailón Fonseca, estará como titular de la notaría 35 en Guadalajara.
Los demás nombramientos incluyen en Guadalajara a Samaria Acosta Malacón; Alejandro Aguayo Zúñiga, en la nueve, y María Alejandra Gallo Moreno, en la 32.
En Zapopan se designó a Jesús Híjar Arreola, en la 10; Luis Alejandro Manzo García, en la 36, y Paola Lozano Hernández, en la 41.
Y Ricardo González Ceballos en la notaría uno de Zacoalco de Torres; Karla Lizeth Plascencia Vázquez, en la cinco de Puerto Vallarta; Aldo Alonso Mercado Ruiz, en la uno de Autlán de Navarro; Andrés Lázaro Romero, en la uno de Tamazula de Gordiano, y Diego Fernando Sánchez López, en la tres de La Barca.
Con información: Latinus.com
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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