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Comienzan a reponer en Culiacán las cámaras de videovigilancia dañadas por el crimen organizado

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dio a conocer que este sábado 30 de noviembre comenzó la reposición de cámaras de videovigilancia en Culiacán, luego de que al menos 65 de estos artefactos fueran inutilizados a balazos por presuntos miembros del crimen organizado. 

En conferencia de prensa, el titular de Seguridad del estado señaló que de esta manera comienza la reinstalación de estos dispositivos, según lo instruyó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Lo anterior, según detalló, se trata del primer punto reparado de los 30 que habían sido dañados, "siendo tanto las cámaras de videovigilancia como la caja de registro las que quedaron restablecidas al 10%", afirmó. 

 

Respecto a las investigaciones sobre el caso, Mérida Sánchez señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre cinco carpetas de investigación por violación a la Ley General de Arma de Fuego y Explosivos.

Y detalló que se cuenta al momento con cuatro personas aseguradas, además de siete armas largas decomisadas, cuatro armas cortas, 51 cargadores y más de mil 400 cartuchos, dos vehículos y droga, así como un inmueble.

El pasado 25 de noviembre, 65 cámaras de vigilancia fueron dañadas por disparos de arma de fuego en Culiacán

Entonces, el secretario de Seguridad estatal, dijo en que la reposición tardará en promedio entre 30 a 45 días para recuperar poco a poco las labores de videovigilancia. 

 

Con información: Latinus.com

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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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