Tips en Cascada, 02 de Diciembre 2024

* Presupuesto ¿equilibrado?
* ... Y el incremento al ISN
* Impuesto a plataformas 
* Maru y MB, en Coahuila

 

 

 

 

En tiempos de presupuesto, donde el federal privilegia el gasto clientelar al de necesidades básicas como seguridad, salud, educación e infraestructura, aquí expertos en la materia analizando el esquema y señalan que Cuando en un presupuesto los egresos superan a los ingresos existe déficit y por lo tanto no hay equilibrio presupuestal, porque para equilibrarlo se recurre necesariamente a endeudamiento para cubrirlo. Las autoridades estatales de la presente administración han venido sosteniendo que los presupuesto que presentan son equilibrados porque cubren con créditos a corto plazo los déficitd y han venido reestructurando deudas anteriores, por ello la deuda estatal solo disminuye marginalmente. Sin embargo, al aumentar los ingresos 33.2% en la administración la proporción del financiamiento con respecto a los ingresos es menor, pero esto no significa que la deuda esté disminuyendo significativamente.


Para incrementar los ingresos el gobierno ha planteado aumentar en 33.33% el Impuesto Sobre Nómina que repercutirá en los costos de mano de obra del sector privado y los “servicios personales” en el sector público, que aunado al incremento salarial del 12% seguramente impactará negativamente a las actividades productivas y de servicios.
Y Falta analizar el impacto que tendrá el incremento a los derechos.


Y mientras, habrá que apuntar que el pasado miércoles, previo a la entrega del paquete económico del Estado ante el Congreso local, la gobernadora Maru Campos ya habría encabezado un encuentro en privado con representantes del sector empresarial, donde algunos aseguran que se planteó la propuesta del incremento de un punto porcentual al Impuesto Sobre Nómina para pasar del 3 al 4%, y este punto porcentual sería para crear el fondo de infraestructura del Estado, que estará etiquetado para obra.

No es la primera vez que el sector empresarial ha accedido a este incremento al ISN, hay que recordar que desde el 2021 se viene aplicando este modelo, cuando pasó del 3% al 4.5% y se redujo gradualmente 0.5% anual, hasta quedar actualmente en 3%.  En aquel entonces este 1.5 de puntos que se incrementó representó cerca de 700 millones de pesos para pagar deuda y proveedores.

No suena entonces descabellado lo que ha dicho el diputado Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano en que el gobierno del Estado puede declararse en huelga fiscal y no enterar al menos el ISN, si en Chihuahua aumentarlo permite que estos recursos sean utilizados por el Estado para pago de deuda y ahora para un fondo, ¿entonces?.

Es en el apartado de derechos, en donde el gobierno del Estado, incluye contribuciones adicionales en favor de las Universidades Tecnológicas, la UPN, organismos públicos, descentralizados y poderes, entre ellos al Poder Judicial como son costos de cursos, talleres, es más, estas actualizaciones van desde los servicios otorgados por la Alberca del Desarrollo Integral de la Familia del Estado hasta los servicios otorgados por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

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Con la novedad de que las plataformas de paquetería en Chihuahua como Mercado Libre y otras, deberán pagar mensualmente por el uso y/o explotación de la infraestructura del Estado de Chihuahua, una cuota por concepto de aprovechamiento que será del 1.5%, antes de impuestos, sobre el total de las cuotas o tarifas para la entrega o recepción de bienes o cualquier tipo de mercancía dentro del territorio.

Este claro se señala que no deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero, ya sea persona física o moral, que realice la entrega o recepción de bienes o cualquier tipo de mercancía.

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Apenas y el pasado viernes la gobernadora envió al Congreso del Estado la propuesta del paquete económico 2025, que ya este martes se convoca a sesión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública que preside el diputado Jorge Soto, para darle entrada a la revisión de la propuesta fiscal estatal, que no sólo es la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, sino que además incluye un apartado adicional de refinanciamientos de créditos, nuevas contrataciones de tasas de mejora en tasas de interés, tener recursos adicionales y liberar otros tantos de participaciones federales.

Se propone el refinanciamiento por 637 millones 014 mil 515.00 pesos del crédito que se contrató con Banobras a través del PROFISE, lo que permitiría ahorrar de gastos fiduciarios de $2.3 millones de pesos año y se liberaría un porcentaje del Fondo General de Participaciones que están dadas en garantía en este crédito.
El refinanciamiento sería través de uno o varios contratos de crédito, hasta por un plazo de 25 años.

Se propone además la contratación de “instrumentos derivados” con finalidad que los recursos recibidos se apliquen al pago del servicio de la deuda.
El refinanciamiento de 1 mil 856 millones 724 mil 354.70. pesos con garantías de pago oportuno equivalente al 15% del monto con plazo de amortización de hasta 5 años posteriores a la vigencia del crédito principal.

Deja en claro que no sólo serán para el 2025, sino que se establece claramente que las autorizaciones que apruebe el Congreso serán durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
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Luego que el pasado viernes acudió personal de la Auditoría Superior del Estado a hacer entrega al Congreso de un paquete de 52 cuentas públicas, este lunes acudirá el Auditor Héctor Acosta Félix para hacer una segunda entrega de informes individuales de resultados.

Es decir que serán varias entregas de aquí hasta la fecha establecida que es el 15 de diciembre. Sin embargo, el enviar a la Comisión de Fiscalización informes en grupos y por partes, pues prácticamente les apoya en medida de no saturarse de trabajo y lograr ir revisando conforme se reciben y de los entes que se denominan más pequeños hasta la cuenta pública del gobierno del Estado y los poderes.

Hay que recordar que la totalidad son de 223 cuentas del ejercicio fiscal 2023, que incluirán además fiscalizaciones forenses, es decir a temas en específico de los entes auditados, entre ellos está la Plataforma Centinela, la  concesión del servicio de cafeterías en el Colegio de Bachilleres,  al Instituto de Innovación y Competitividad, a los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública del Instituto de Planeación del municipio de Chihuahua, a la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez.

Asimismo, al Centro de Exposiciones y Convenciones de Ciudad Juárez “Paso del Norte”, al Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado, al Fideicomiso del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, al Fideicomiso del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, así como al Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Así como a los Fideicomisarios.

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Ya se publicó la convocatoria para la designación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por un periodo de cinco años, donde se dejó expreso que Alejandro Carrasco que actualmente se encuentra supliendo la ausencia definitiva por el fallecimiento de Javier González Mocken, podrá participar.

Entre los acuerdos de la Jucopo y que se incluyen en esta convocatoria son la constancia de antecedentes penales con una antigüedad no mayor a tres meses. La constancia de Inscripción en el Registro Estatal de Personas
Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua con una antigüedad no mayor a tres meses. No se recibirá solicitud de registro posterior a las 3 de la tarde del 28 de febrero.

Quienes cumplan con los requisitos pasarán a entrevistas el jueves 20 y viernes 21 de marzo de 2025. Evaluación y Calificación será por Perfil curricular 50 puntos y Entrevista 50 puntos. La terna deberá integrarse por las personas con mayor calificación, al menos con dos mujeres.

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La chihuahuense Claudia Arleth Espino, aunque fue designada por el voto de la mayoría de los consejeros electorales del INE para la Secretaría Ejecutiva, tuvo un momento de tensión por parte de la única de los 11 consejeros que la votó en contra y que dijo que su perfil a su parecer no era idóneo para el cargo.

Cata Espino llega como la única propuesta de Guadalupe Taddei, presidenta del organismo electoral, y más allá de reconocer el papel de la mujer por dos ocasiones, en puestos clave de vida del INE en estos 30 años, la consejera Carla Humphrey al anticipar su voto en contra sembró la duda en público en su contra.

Señaló “hay temas legales que aún se están valorando y que no se han aclarado lo suficiente y que me impiden acompañar la propuesta”, dicen algunos que fue por las supuestas acusaciones de faltas administrativas presuntamente cometidas durante el periodo que ocupó la presidencia provisional del IEE Chihuahua.

Además agregó que la Secretaría Ejecutiva del INE es quien conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto, con estudios especializados como administración de empresas, economía, finanzas, relaciones públicas, gestión de recursos humanos, entre otras varias o bien con acciones en la práctica, “la persona propuesta únicamente cuenta con estudios de derecho y de otras materias… en el dictamen no se hace referencia de su gestión en ambos cargos, a fin de evidenciar que cuenta con estas importantes habilidades gerenciales, sin las cuales desde mi punto de vista se carece de la idoneidad necesaria para ocupar el cargo”, indicó Carla Humphrey al abogar a Cata Espino por la imparcialidad y el trabajo colegiado.

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Quienes anduvieron de gira artística pero no se les vio juntos fue al alcalde, Marco Bonilla, y la gobernadora, María Eugenia Campos, quienes acompañaron al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a su primer informe.

Fue a través de redes sociales en donde ambos compartieron que viajaron al informe, sin embargo, no se tomaron alguna fotografía juntos, ni en ese evento, ni en la inauguración de la casa de enlace del Senador, Mario Vázquez.

También fue el mismo fin donde Bonilla, recibió a la ex senadora, Josefina Vázquez Mota, en donde según se compartió se habló del movimiento que actualmente encabeza, y el uso responsable de las redes sociales.

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Quienes ya sumaron a otro regidor a su “campaña”, fueron Félix Martínez y Issac Díaz, quienes ahora mueven a Omar Márquez, mismo que hasta hace unos días no figuraba ni en su encomienda de regidor.


Dicen, que no les ha bastado con tener al director de Mantenimiento Urbano, trabajando con ellos y llevando un doble mensaje a las colonias, si no que hasta ya suman a más figuras como el antes mencionado.


En pasillos municipales, ya muchos piden que los calmen, pues son temas que podrían llegar a perjudicar al mismo alcalde.

Tips al momento

Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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