Aprueban reforma que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en la mayoría de los congresos locales
Hasta este domingo, al menos 17 congresos locales han aprobado la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que se castigan con la prisión preventiva oficiosa a nivel nacional.
Se trata de una reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, que la semana pasada fue aprobada en el Senado de la República.
Con este dictamen se estableció que los jueces dictarán prisión automática por extorsión, tráfico de fentanilo y comprobantes fiscales falsos. No se incluyó el narcomenudeo y la defraudación fiscal, como originalmente planteaba Morena.
Al momento, los congresos que han aprobado la reforma son los de: CDMX, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Con este respaldo, el Congreso de la Unión podrá emitir próximamente la declaratoria de constitucionalidad del dictamen para que entre en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El proceso legislativo a nivel local de esta reforma comenzó la noche del pasado miércoles en el Senado de la República, momento tras el cual, los congresos locales actuaron con celeridad a fin de lograr la mayoría para la aprobación.
La reforma ha sido criticada porque se acusa que esto podría ser utilizado como una medida de persecución política y porque llevará a México a nuevos procesos en instancias como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Con información: Latinus.com
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
