Más de 400 niñas y niños acudieron al encuentro navideño organizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), que se desarrolló en el parque El Colibrí.
Durante el evento inaugural, el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, resaltó la importancia de trabajar para dar una vida mejor a las infancias.
“Estamos plena y absolutamente conscientes del drama que muchos de ustedes vivieron y siguen viviendo, por ello estamos tratando con todos los elementos que tenemos de reparar esa situación”, dijo a los festejados.
La comisionada de la CEAVE, Norma Ledezma Ortega, dio a conocer que este encuentro navideño es un acto para honrar a las niñas y niños que son atendidos por la instancia.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Irving Rafael Loera Talamantes, dijo a los asistentes: “Recuperamos la esperanza al ver la sonrisa de estos niños y niñas que están aquí de fiesta y contentos”.
Los menores de edad disfrutaron de los juegos mecánicos, comieron hotdogs, tamales y dulces, además recibieron obsequios gracias a las donaciones de empresarios, asociaciones civiles e instituciones municipales y estatales.
La animación estuvo a cargo de la botarga de Caudillos y los payasitos de proximidad de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también apoyaron elementos del Grupo DARE de la Policía Municipal.
Acompañaron en el presídium, el activista Gabino Gómez; por parte del Grupo Cementos de Chihuahua, Paulina Calzadillas; la Coordinadora Regional Zona Norte de CEAVE, Alberica Miranda y en representación de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua, Manuel Arturo Rangel Carrillo.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.