Gobierno de la CDMX puso sellos de suspensión en Plaza Izazaga 89 por infringir normativa
El Gobierno de la Ciudad de México colocó sellos de suspensión de actividades en la Plaza Izazaga 89 la noche del sábado, después de que los locatarios retiraran su mercancía por el cierre indefinido del inmueble por parte de los dueños.
Los sellos de suspensión fueron colocados después de que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Consejería Jurídica y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizaran una verificación de los documentos de la plaza.
Sin embargo, el inmueble no contaba con la documentación necesaria e "infringía diversas normativas y permisos para su operación", detalló el gobierno capitalino en un comunicado de prensa.
Durante la tarde del sábado, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de los locatarios retirando su mercancía del inmueble y alrededor de las 9:00 de la noche usuarios en X denunciaron que los comerciantes habían sido encapsulados por elementos de la SSC.
La suspensión de actividades de Izazaga 89 se dio días después de que la Secretaría de Economía del Gobierno de México realizara un operativo en el que incautó más de 260 mil piezas de mercancía, por no acreditar el origen legal para poderlas comercializar en México.
Posteriormente, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que solicitaría la extinción de dominio por la venta de mercancía ilegal y que esta acción era parte de un plan del gobierno federal paracombatir el contrabando y la piratería en los 32 estados del país, incluyendo puertos y aeropuertos.
Después de que se diera a conocer la suspensión de actividades en el inmueble, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, celebró la medida establecida por el gobierno capitalino, sin embargo destacó que para atender el problema del comercio chino ilegal, era necesario "meterse a fondo en el Centro Histórico, donde organizaciones se coordinan con esta red china para despojar a los comerciantes tradicionales de sus espacios".
Con información de AP
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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