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Jornada violenta en Cancún: asesinan a seis personas, dos de ellas menores de edad

Seis personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas de gravedad con arma de fuego como consecuencia de disputas de grupos del narcotráfico en las últimas 24 horas en Cancún, Quintana Roo.

Los hechos ocurrieron en cinco ataques armados en diferentes colonias populares.

El primero sucedió en la mañana del sábado, cuando un hombre fue baleado en el interior de una barbería en Cancún. Por la noche fueron asesinados cuatro hombres, entre ellos dos menores de edad, quienes estaban consumiendo bebidas alcohólicas afuera de un domicilio cuando llegaron varios sujetos a bordo de motocicletas y les abrieron fuego, en Santa Cecilia, un vecindario irregular ubicado en la periferia de la ciudad.

 

“Las primeras líneas de investigación (indican) que este suceso está relacionado con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo", señaló la Fiscalía General de Quintana Roo, donde se ubica Cancún, a través de un comunicado este domingo.

Además, informó que agentes de la institución llevan a cabo el levantamiento de indicios y cumplen las indagatorias correspondientes para ubicar a los responsables.

Mientras que peritos y personal forense de la fiscalía llevaban a cabo el levantamiento de los cuerpos y de indicios, la policía recibió un nuevo reporte de un ataque armado, esta vez en el vecindario Villas Otoch Paraíso, considerado como uno de los más violentos de la ciudad.

En este hecho, una persona ingresó a una vivienda ubicada en el segundo piso de un edificio y disparó contra dos hombres. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital general de Cancún.

Por otro lado, alrededor de la 1:30 de la madrugada hora local, en el otro extremo de la ciudad, se reportó el asesinato de un albañil cuyo cuerpo presentó varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

Finalmente, poco después de las 6:00 de la mañana hora local de este domingo, vecinos de la región 236 reportaron la presencia de un hombre sin vida en el interior de un mototaxi, perteneciente a un sindicato de personas con discapacidad.

La inseguridad y el crimen reflejan la ola de violencia que afronta el Caribe mexicano, principal zona turística de México, en medio de enfrentamientos entre bandas criminales que también han involucrado a extranjeros.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2024, se registraron 594 homicidios en el estado de Quintana Roo.

Con informació: Latinus.com

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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