Iglesia católica critica "vorágine legislativa" para despenalizar el aborto en México

 

La Arquidiócesis de México aseguró que en las legislaturas no se escuchan los argumentos en contra, aunque estén fundamentados en la ciencia

La Iglesia católica en México aseguró que el país vive una "vorágine legislativa" por despenalizar el aborto, luego de que el tema ha sido discutido y votado recientemente en varios congresos estatales.

Apenas el pasado lunes, el Estado de México, vecino a la capital y el más poblado del país, despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 18 en hacerlo, aunque aún rezagada respecto al reciente debate en la Ciudad de México sobre eliminar el límite de tiempo para abortar.

"En las últimas semanas, hemos visto una vorágine legislativa por la despenalización del aborto; una serie de congresos estatales que han votado en procedimientos rápidos, de un solo día, las modificaciones a sus códigos penales, en ocasiones sin dictamen", señaló la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario "Desde la fe" publicado este domingo.

"Llama la atención la cantidad de estados que han abordado el tema de manera sincronizada, y con una rapidez inédita", añadió.

Pero el órgano católico destacó que "no se escuchan los argumentos en contra, aunque estos vayan fundamentados en la ciencia y el derecho; y se mantienen las mismas narrativas de supuestos beneficios para la mujer y de supuestos derechos".

También dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en el mismo tenor analizando el caso llamado Beatriz vs. El Salvador, un famoso caso de una mujer a la cual le fue negado en su momento un aborto por cuestiones de salud en su país, El Salvador.

"Lo llamativo de este caso es el conflicto de intereses que muestra la Corte, además de los procesos fuera de lo normal, pues no se ha publicitado el caso en las listas de la Corte mientras que se prepara un proyecto de resolución", dijo.

En el caso de México, acusó la Iglesia, "la dinámica de promover el aborto como un derecho de la mujer, ha invisibilizado la problemática de fondo de las mujeres y pareciera que agota la agenda femenina de derechos".

Y cuestionó: "¿Es acaso el aborto libre, el culmen de los 'derechos' de las mujeres?" y señaló que: "pareciera que el mal llamado 'derecho a decidir' es más bien un eslogan que disfraza la intención de orillar al aborto a las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad".

Tras el Estado de México, 18 de los 32 estados de México han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Corte que en 2021 determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.

La Ciudad de México fue la primera entidad del país en despenalizar, en 2007, el aborto hasta la semana 12 de gestación, aunque recientemente el Congreso de la capital puso sobre la mesa la eliminación del plazo para abortar, que contribuye a la criminalización y el estigma y afecta a las más vulnerables.

A partir de 2019, la decisión de la capital fue adoptada por los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, y más recientemente, la semana pasada, Chiapas. Latinus

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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