•”Listos para analizar y fortalecer proyecto”: Diputado Guillermo “Memo” Ramírez.
•Reconocen compromiso de la Gobernadora con el desarrollo de Chihuahua
El diputado Memo Ramírez, subcoordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, reconoció los esfuerzos del Gobierno del Estado al presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025, en el que se priorizan áreas clave como desarrollo rural, pueblos indígenas, desarrollo humano y bienestar común.
El legislador subrayó que, en el tema de transporte público, Ciudad Juárez recibirá una inversión histórica. La Operadora ViveBús contará con un presupuesto de $215,672,698.00, lo que representa un aumento superior al 150% en comparación con el presupuesto asignado para 2024, que fue de $76,127,010.00. Esto refleja el compromiso de la administración estatal con mejorar la movilidad y la calidad de vida de los juarenses.
Otro de los puntos destacados por el diputado Ramírez fue el incremento significativo en el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural, que pasará de $927,038,959.00 en 2024 a $1,442,357,785.00 en 2025, un aumento de más de $500 millones de pesos. “Con este esfuerzo extraordinario, esperamos que las y los chihuahuenses podamos hacer frente a los retos que enfrentamos en temas de sequía, agricultura y ganadería”, puntualizó.
En contraste con la política federal, que ha reducido recursos en diversas áreas, el Gobierno del Estado también ha proyectado incrementos para las principales instituciones educativas de la entidad, como la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con un aumento de más del 3% en sus presupuestos.
“El compromiso de la gobernadora con el desarrollo integral de Chihuahua se refleja en este presupuesto. Como legisladores responsables, estamos listos para analizar y fortalecer este proyecto, siempre buscando el beneficio de las y los chihuahuenses”, concluyó.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.