Lama Yeidckol Polevnsky a compaginar revolución de las conciencias con innovación y tecnología.
La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz dijo que a los legisladores les corresponde adecuar las leyes para que las personas trabajadoras puedan realizar su labor en menor número de horas, para ocupar tiempo en cosas que den felicidad, así como para que el trabajo en el hogar sea valorado y pagado.
En el segundo día de la conferencia internacional “Plataforma conceptual para la transformación global: noonomía, socialización y economía solidaria”, la senadora llamó a académicos y expertos a formar parte de una “revolución de las conciencias, de la innovación y tecnología para crear el México que queremos”.
Dijo que hay que aprovechar la innovación y la tecnología para producir con más eficiencia y menor tiempo, a fin de que el ser humano cuente con más espacio para ocuparlo en cosas que le brinden felicidad y contribuyan a su realización.
Alan Freeman, profesor de la Universidad de Manitoba, Canadá, consideró que los recursos humanos son los más descuidados en el neoliberalismo, por lo que, si se quiere lograr un cambio, las industrias deben dar paso a entornos laborales donde se dé prioridad a los trabajadores y no a las maquinas. Además, dijo, se debe comprender que las personas no son objetos de la industria, sino actores principales.
Marcelo Zaiduni Salazar, exviceministro de la vicepresidencia de Bolivia, expuso sobre su contribución en la teoría del vivir bien como filosofía de Estado y como modelo de desarrollo de indicadores del nivel de felicidad, para el desarrollo de políticas públicas.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.