Comando en circulación desde la carretera abre fuego, mata a 9 personas y deja otras 5 heridas
Un comando armado asesinó a nueve personas, entre ellas dos bomberos municipales y un paramédico estatal, en los puestos de venta de cajeta ubicados en El Trébol, en la entrada a Apaseo el Grande, Guanajuato.
Cuatro personas más resultaron heridas de gravedad y se encuentran hospitalizadas. Poco antes de las 10:00 de la noche los hombres con armas largas dispararon desde la carretera en contra de clientes y comerciantes de la zona de negocios de dulces y alimentos.
Ocho personas quedaron sin vida en torno de los comercios y cinco quedaron heridas, fueron trasladadas a recibir atención médica pero una falleció al llegar al hospital.
Los bomberos fallecidos son Alejandro Ortega y Ulises Ramírez, quienes disfrutaban su día de descanso, así como el paramédico del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) Ricardo Eduardo López Ortega, originario de Juventino Rosas y asignado a traslados en el Módulo Cortazar.
En sus redes sociales, grupos de bomberos y el SUEG expresaron condolencias a las familias de sus compañeros.
Corporaciones policiales se hicieron cargo de resguardar el lugar, mientras peritos forenses recogieron decenas de cartuchos percutidos y levantaron los cuerpos de hombres y mujeres privados de la vida.
Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) se encuentran en la zona, y otros de sus compañeros despliegan un operativo en busca de los asesinos. InformadorMx
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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