Ciudad de México, 27/11/2024 (Más / IA).- Con la participación récord de 49,398 aspirantes para ocupar cerca de 900 cargos en el Poder Judicial de la Federación en 2025, el proceso de selección se perfila como uno de los más complejos en la historia del sistema judicial mexicano. Esta cifra sin precedentes refleja el interés por integrarse al máximo órgano de justicia del país, pero también supone un enorme desafío logístico y técnico para los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión.
El registro, que cerró el pasado 24 de noviembre, mostró una amplia participación en las tres plataformas habilitadas. El 54.9% de las solicitudes se presentó ante el Poder Legislativo, el 37.3% a través de la Presidencia de la República, y solo el 7.7% mediante el Poder Judicial, que es el único que incluye un examen de conocimientos como parte de la evaluación inicial.
Entre el 25 de noviembre y el 14 de diciembre, los comités de evaluación deben revisar los expedientes de los aspirantes para determinar su elegibilidad. Esto implica validar que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 95 y 96 de la Constitución, como la posesión de un título de licenciado en derecho, experiencia profesional, buena reputación, y la presentación de un ensayo y cinco cartas de recomendación.
El número de expedientes asignados a cada poder refleja la magnitud del trabajo: el Legislativo debe analizar 27,146 perfiles (1,357 diarios), el Ejecutivo 18,447 (922 diarios), y el Judicial 3,805 (317 diarios). Cada comité cuenta con equipos de apoyo y puede solicitar ayuda de instituciones públicas para agilizar las revisiones.
Para el 15 de diciembre, los comités publicarán los listados de personas elegibles. Quienes sean rechazados podrán impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o la Suprema Corte.
La segunda fase, de evaluación de idoneidad, comenzará el 15 de diciembre y concluirá el 31 de enero de 2025. Esta etapa busca determinar los perfiles más aptos para cada cargo a través de entrevistas, análisis curricular y exámenes de conocimientos, con criterios específicos según el poder convocante:
El Poder Ejecutivo evaluará probidad, antecedentes personales, historial académico y experiencia profesional; los candidatos seleccionados participarán en entrevistas públicas.
El Poder Legislativo realizará una evaluación técnica con una escala de puntaje, donde los aspirantes deberán obtener al menos 80% para avanzar. También considerará criterios como paridad de género y especialidad del cargo.
El Poder Judicial, en su evaluación se centrará en cuatro aspectos: currículum, honestidad, examen de conocimientos y entrevistas públicas. Los exámenes tendrán un peso mayor en las evaluaciones de jueces y magistrados (60%) y menor para quienes aspiren a la Corte o el Tribunal Electoral (40%).
El 29 de enero se llevará a cabo una insaculación para ajustar los listados finales de acuerdo con los cargos disponibles. Por ejemplo, se permitirán hasta tres candidaturas para ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral, y dos para jueces de distrito y magistrados de circuito.
Estos listados deberán ser aprobados por el Pleno de la Suprema Corte, marcando el cierre de un proceso que enfrenta críticas por la complejidad logística, los altos volúmenes de candidaturas y las posibles tensiones políticas derivadas de la participación de los tres poderes en la evaluación.
La elección judicial de 2025 se produce en un contexto de gran interés público por la transparencia y la integridad del Poder Judicial, en medio de debates sobre la independencia judicial y las reformas propuestas desde el Ejecutivo.
Para expertos como Eliud Tapia, abogado constitucionalista, la clave está en garantizar un proceso justo, riguroso y apegado a la ley. “Es fundamental que los comités actúen con total imparcialidad y que los criterios de evaluación sean claros y aplicados de manera consistente”, señaló. Con miles de candidatos en juego y una estricta línea de tiempo, la elección judicial no solo definirá el rumbo del sistema de justicia en México, sino que también pondrá a prueba la capacidad del país para gestionar un proceso de esta magnitud con transparencia y eficacia.
Con información de massinformacion.com.mx