Para 2025, el costo financiero de la deuda pública de México será una cifra de 13 dígitos, es decir, de un billón 388 mil 734 millones de pesos, 5.4% más en términos reales a lo desembolsado en 2024, y equivalente a 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto significa que casi cuatro puntos porcentuales de la riqueza que se genere en el país se destinarán a sufragar el costo de la deuda, según cifras del proyecto de presupuesto propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año.
La cifra equivale a casi tres veces (2.7) el costo del Tren Maya o 4.5 veces la refinería Dos Bocas, obras emblemáticas construidas a lo largo de los seis años de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
También la cifra se puede dimensionar con algunas otras partidas del presupuesto en su clasificación funcional: el gasto total en Educación para 2025 se estimó en 1.1 billones de pesos, 1.2% menos que en 2024 y equivale al 3.2% del PIB para ese año.
En inversión, se estima que tanto la física como la financiera alcancen 996 mil 914 millones de pesos, 14% inferior a lo aprobado el año anterior, cuando la cifra repuntó en el ánimo de concluir las grandes obras de infraestructura del gobierno anterior; en términos de PIB, representará el 2.8%.
En Salud, las partidas presupuestales se verán reducidas en 11%, a 918 mil 447 millones de pesos, 2.5% del PIB, el nivel más bajo desde 2019.
La deuda y el servicio que hay que pagar por la deuda no son gastos que se puedan programar para liquidar en cuanto se disponga de cierta holgura presupuestal, sino que es un gasto que se tiene que hacer de acuerdo con un estricto calendario de pagos.
El no cumplir con dicho calendario traerá consecuencias importantes a los deudores, porque ello implica que para hacer frente a los mismos y ante la imposibilidad de incrementar los ingresos, se tendrán que sacrificar algunos gastos.
De acuerdo con cifras del paquete económico para 2025, la deuda neta del sector público al cierre del tercer trimestre de 2024 alcanzó 16.88 billones de pesos y para el cierre de ese año se estimó en 51% del PIB, el porcentaje más alto en por lo menos los últimos 24 años.
Para 2025, las autoridades hacendarias prevén que representará 50.9% de la riqueza que se genere en el país en ese año.
Alto costo en intereses, comisiones y gastos
Del total de recursos para cubrir el costo financiero, el 82.8% está asignado a intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública, 13.4% al costo financiero de las empresas públicas del Estado (Pemex y CFE) y el 3.8% a las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
El saldo actual del costo financiero refleja la paulatina acumulación de deuda que se utilizó al paso de varios años a fin de cuadrar el presupuesto cuando los ingresos resultaron insuficientes a las necesidades de gasto. Lo que lo tornó explosivo fue el fuerte repunte en las tasas de interés en los mercados internacionales entre 2022 y 2023, cuyo impacto trascendió a los mercados emergentes.
Actualmente, México destaca entre las economías que pagan los rendimientos más altos a la inversión financiera entre las economías emergentes; con la tasa objetivo actual del Banco de México de 10.25% e inflación de 4.76%, nos arroja una tasa real de 5.24%, porcentaje sólo superado por Rusia (11.52%), país que transita por un fuerte conflicto militar, y Brasil (6.20%), que está envuelto en un acalorado debate presupuestal.
De acuerdo con académicos, la tasa real ideal para transitar por la estabilidad de precios y el crecimiento económico está alrededor del 3%.
Con información de
Latinus.us
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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial
La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.
Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.
De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.
También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.
Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.
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