Desaparición del INAI: gobierno de Sheinbaum promete transparencia, pero mantiene desactualizados datos sobre Pemex y vacunas

El Congreso prevé aprobar esta semana la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), y la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que eso no afectará el derecho de acceso a la información. Sin embargo, su gobierno ni siquiera tiene actualizadas las estadísticas y los datos que en administraciones previas a las de Morena sí funcionaban.  

“El que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia”, dijo durante su conferencia de prensa matutina, pero esto no se cumple actualmente. 

Una muestra de ello es el listado de concesiones de minería en todo el país, a cargo de la Secretaría de Economía, que por el momento sólo permite ver la información de San Luis Potosí, pero no del resto de los estados, pese a que en 2018 sí podía ser consultado en su totalidad.

Diconsa, que formó parte de Segalmex donde ocurrió el mayor caso de corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un desvío de 17 mil millones de pesos,  carece de transparencia básica en su operación. Actualmente, no cuenta con un directorio público actualizado de sus tiendas en funcionamiento, almacenes ni de las localidades objetivo del programa de venta de productos a bajo precio para las regiones más marginadas del país. 

Mientras que Liconsa, encargada de la distribución de leche, tiene estadísticas sobre la producción y venta sólo hasta 2018. En la sección de transparencia de Diconsa y en el portal de datos abiertos del gobierno federal, al querer entrar a dicha información, redirecciona a otra página que solicita usuario y contraseña para poder acceder. 

Otro caso ocurre en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde crearon un supuesto sistema público llamado “Portal de contratos de Pemex”, pero en realidad no están todos los contratos que la empresa ha realizado. 

Esto se pudo comprobar al buscar a la empresa Proyecta Industrial México, del operador de Adán Augusto López, actual líder del Senado. En el portal de Pemex sólo aparece un contrato por 31 millones de pesos en 2020 para el servicio de la colocación del medio filtrante de grava en la refinería de Tula Hidalgo. 

Sin embargo, como publicó Animal Político, este proveedor sumó 27 mil 119 millones de pesos en contratos con Pemex, sin siquiera competir con otras empresas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a que como contratista de Enrique Peña Nieto apenas consiguió 197 millones de pesos.

Esto significa que la empresa aumentó en 13,000% sus ganancias en el gobierno morenista. El dueño, Daniel Flores Nava, fallecido en un accidente aéreo en julio de 2023, acompañó durante eventos proselitistas a Adán Augusto López durante su participación en la campaña interna de Morena por la candidatura presidencial. 

Estos contratos multimillonarios realizados con Pemex Transformación Industrial para trabajos en la refinería Dos Bocas y otras plantas de refinamiento de la petrolera no se encuentran en el sitio de contratos. Todos fueron obtenidos gracias a solicitudes de transparencia a través del INAI. 

Otro aspecto es que por primera vez, la Secretaría de Hacienda publicó el pasado viernes el proyecto de presupuesto de egresos en formato PDF de imagen, lo que imposibilita hacer búsquedas por palabras o copiar y pegar información del documento. Esto, aunque parezca menor, es una mala práctica de transparencia y acceso a la información, porque dificulta a cualquier usuario el uso de esa información pública, su análisis y, por lo tanto, someterlo a escrutinio público.  

Gobierno de México tiene datos desactualizados

El gobierno de Enrique Peña Nieto alimentó el portal de Datos Abiertos con estadísticas de todas las dependencias de la administración federal. Sin embargo, no ha sido actualizado permanentemente. 

Por ejemplo, la Comisión Nacional del Deporte (Conade), institución dirigida por Ana Guevara en la administración de López Obrador, y que fue denunciada por la Auditoría Superior de la Federación por presuntos malos manejos, solo tiene información hasta 2017 y sólo referente a mecanismos de participación ciudadana; plan de apertura institucional, oficios y documentos, y el registro nacional de cultura física y deporte. 

La Secretaría de Agricultura sólo publicó hasta 2020 información sobre la distribución del programa de fertilizantes, un programa a su cargo y al que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en 2021, 2023 y 2024.

El laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), a cargo de la producción y compra de vacunas, de la distribución de medicamentos y de la operación de la mega farmacia del bienestar, sí registró información en el portal de datos abiertos, pero en 2024, por ejemplo, sólo aparecen 24 licitaciones, mientras que sólo hay registro hasta 2021 sobre información referente a adjudicaciones directas.

La Autoridad Educativa de la Ciudad de México tiene actualizado el directorio de escuelas a 2024, pero en lo referente a contratos de servicios por honorarios y las adquisiciones, el registro más reciente es de 2019. 

Aunque en los últimos 20 años se ha avanzado en materia de transparencia en el país, como la creación de la Ley General de Transparencia, el INAI, y la obligación de las dependencias de publicar su información, aún hay mucha opacidad y hay información que sólo se obtiene a través de solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia como las facturas pagadas por las dependencias o los comprobantes de los servicios contratados o las adquisiciones. 

Incluso, aún cuando los ciudadanos solicitan información, los gobiernos la niegan. Ante ello, se pueden interponer recursos de revisión; mismos que son analizados por el pleno del INAI, que al ser un organismo autónomo determina si el gobierno debe o no entregar la información solicitada con base a la legislación. 

Una vez que el INAI desaparezca, esta función de revisión de los casos estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, que será transformada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; es decir, quien determine si el gobierno tiene o no la razón será una institución que forma parte del mismo gobierno.

Sólo en 2022 hubo 26 mil 152 recursos de revisión, es decir, inconformidades de los ciudadanos ante la negativa de las dependencias de gobierno para entregarles información. Se trata del máximo histórico de negativas registradas en la última década por parte de las instituciones, de acuerdo con información histórica del INAI. 

Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió que su gobierno era “el más transparente”, los datos demuestran que no fue así. Su administración negó más información a los ciudadanos que su predecesor Enrique Peña Nieto.

Especialistas y organizaciones civiles alertan que la desaparición del INAI afectará directamente a cualquier persona que pida información pública o personal, porque si una institución se niega a entregársela y la Secretaría Anticorrupción que forma parte del mismo gobierno confirma la negativa, los ciudadanos deberán interponer un amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pagar abogados que litiguen el caso y esperar años a que se resuelva.

Con información de Animal Político.