El Estado de Chihuahua está marcado por las cruces rosas cavadas y pintadas, por paredes y postes cubiertos de fotos de niñas, adolescentes y mujeres que están desaparecidas. Ha sido el horror que enfrentan las familias y las organizaciones feministas, quienes acusan al Estado de ser incapaz de brindar justicia.
La historia continúa. Para septiembre de 2024, Chihuahua se localiza como la segunda entidad federativa con más presuntos feminicidios con 1.90 mujeres por cada 100 mil mujeres (el doble de la media del país). Los epicentros son Juárez y Chihuahua, que se ubican en el primer y tercer lugar como los municipios del país entero con más feminicidios durante 2024: 20 feminicidios en Juárez y 11 en Chihuahua. A esto hay que sumarle que muchos feminicidios han sido tipificados bajo otra categoría penal o incluso catalogados como muertes accidentales para fingir una disminución.
Pareciera que esa sentencia histórica de 2009 que condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes sigue inerte en papel. Se sigue minimizando la violencia feminicida, se continúan ignorando los factores que perpetúan la violencia estructural que afecta a las mujeres en particular, y los que favorecen, permiten o alimentan la impunidad.
Pensamos en el feminicidio cuando este aparece ante nuestros ojos en los medios de comunicación, pero detrás está una distribución del trabajo que encubre una lógica en donde las mujeres no gozan de los derechos ciudadanos básicos, por ello los feminicidios crecieron de manera exponencial a partir del Tratado de Libre Comercio en 1994. Los feminicidios, si bien tienen como trasfondo el machismo que subordina y margina, también surgen en economías particulares. Es decir, detrás del flagelo feminicida hay un contexto de empleos precarios y de ausencia de políticas de prevención por parte del Estado.
Recordemos que en Juárez empezaron a llegar a principios de los noventa miles de familias de otros lugares de México atraídos por las posibilidades de trabajo y de cruzar al sueño americano. La principal mano de obra barata de esas empresas transfronterizas, las maquiladoras, eran mujeres, pobres, muchas migrantes, sin redes familiares. Sumemos que Ciudad Juárez se convirtió en un lugar ausente de servicios de cuidado infantil, de transporte digno, de programas para el desarrollo, de un desarrollo urbano de parques y lugares de esparcimiento. Todo lo que llegó a Juárez fueron maquilas y armas.
Así, las capacidades y la salud de las mujeres se han visto seriamente rezagadas; el trabajo de cuidado desproporcional en los hogares ha sido un factor oxidativo que no sólo lucra con la bandera del extractivismo sobre los cuerpos de las mujeres, sino, además, las limita a incorporarse a empleos dignos y dificulta su acceso a la profesionalización, al no poder conciliar sus horarios entre cuidar y asistir a clases.
A la fecha hay deuda histórica con las mujeres que trabajan en la maquila. Por ello, considero plausible que Gobierno Federal comience el Sistema Nacional de Cuidados en la frontera juarense durante el 2025. El SNC planteado por la Presidenta tiene como fin que el Gobierno Federal contribuya en la redistribución de cuidados de infantes, adultos mayores y personas con discapacidad, de manera que este plan sea mucho más equitativo y justo para las mujeres que realizan estas tareas.
El SNC no sólo promete mejorar la calidad de tiempo del que disponen las mujeres, su autocuidado, el combatir la precarización que las atraviesa al permitirles tener más libertad para su profesionalización y empleos dignos, sino que, además, constituirá un futuro mejor donde las próximas infancias recibirán cuidados integrales y de calidad por parte del Estado.
La desvalorización histórica del trabajo de las mujeres es una de las causas de la violencia de género. Eso ya es insostenible. Por eso queremos justicia e igualdad sustantiva.