Acoso, abusos y peculado, las denuncias contra tres jueces federales y un secretario suspendidos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Un cúmulo de testimonios y pruebas documentales de diversa índole apuntalaron acusaciones por presuntas conductas que van del hostigamiento sexual al peculado y cohecho contra tres jueces federales y un secretario de juzgado que desempeñaban sus cargos en Querétaro, quienes fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura Federal en 2022, pero algunos de los cuales pretenden que se revoque dicha medida para ser reinstalados.

Incluso, entre ellos hay quien pretende participar en el proceso para la elección de integrantes del Poder Judicial Federal, impulsado y aprobado por el gobierno de la 4T con la intención de ser ratificados, pues sus cargos salieron en la tómbola sorteada por el Senado para someter sus plazas a elección popular en 2025.

Los jueces de distrito suspendidos son: Karlos Alberto Soto García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales;  Herminio Armando Domínguez Zúñiga, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en Querétaro (antes Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales), y Jorge Alonso Campos Saito, juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta entidad.

En el caso del juez Herminio Armando Domínguez, las presuntas conductas ilícitas también las habría cometido en un juzgado anterior del que fue titular. Se trata del Juzgado Décimo Segundo de Distrito, con sede en Hermosillo, Sonora.

Mientras que en el mismo procedimiento fue incluido el secretario de juzgado Carlos Viveros Tiburcio.

A los cuatro se atribuye cometer hostigamiento sexual contra un total de ocho trabajadoras bajo su mando; acoso laboral contra ellas y otros empleados que fueron despedidos o “intercambiados” entre juzgados; cohecho, peculado y abuso de funciones al utilizar recursos humanos y materiales para actividades personales y de un negocio particular de uno de ellos; obligar a empleadas a solicitar préstamos y entregárselos, y cobrar salarios de personal que ya había sido despedido, entre otras anomalías.

Proceso tuvo acceso al expediente del procedimiento disciplinario 58/2023-VII, en el cual se acumularon las diversas denuncias que el personal afectado interpuso y que llegó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al pasar por la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y Acoso Sexual y a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, entre otros órganos internos del propio CJF para desahogar procedimientos disciplinarios y sancionadores.

El procedimiento desahogó la investigación J/467/2022 y sus acumuladas J/583/2022, J/584/2022, J/585/2022, J/587/2022, J/602/2022 y J/45/2023 del índice de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. El pleno del Consejo de la Judicatura lo consideró procedente y votó por unanimidad decretar la suspensión temporal del cargo de los servidores públicos implicados, indica el expediente.

En uno de los puntos de la resolución de este procedimiento, el CJF asienta sobre el hostigamiento sexual que fue denunciado por las trabajadoras y corroborado por testimonios de personal:

Se llega a la conclusión de que las conductas de carácter sexual constituyen faltas graves, por ser un actuar reprobable e inadmisible, atendiendo a que sus autores son funcionarios judiciales en quienes se ha depositado la alta función de impartir justicia; de modo que los hechos reprochados a los investigados suponen un atentado a la dignidad de las servidoras públicas subordinadas a un titular de un órgano jurisdiccional que es parte del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con lo detallado, las entrevistas con personal de los tres juzgados y de áreas del Poder Judicial con sede en Querétaro, incluso personas externas que conocieron de algunas de las situaciones, documentos como oficios y renuncias presentadas por trabajadores, reportes de cuentas bancarias, capturas de mensajes en aplicaciones, reportes de viáticos, registros de entrada y salida del personal de dichos juzgados, dieron cuenta de cómo los tres juzgadores presuntamente desplegaron su poder y autoridad para disponer del personal para realizar diversos actos que incluso pueden configurar delitos y ser sancionados penalmente.

De hecho, Proceso tuvo conocimiento de que hay denuncias de tipo penal interpuestas por algunos de estos actos.

Jueces buscan regresar

De acuerdo con lo concluido y asentado en este procedimiento, al juez Karlos Alberto Soto García se le atribuye responsabilidad administrativa por cohecho, al disponer del salario de otro servidor público en favor de su esposa; extender el nombramiento de otro funcionario pese a que éste presentó su renuncia y no laboró, con todo y lo cual se recabó su salario, mismo que el juez ordenó entregar a otra persona.

Soto García también habría incurrido en peculado y abuso de funciones pues distrajo de sus funciones a tres trabajadores bajo su encargo, a quienes les ordenó realizar actividades ajenas y fuera de las instalaciones del juzgado para obtener un beneficio: contar con empleados para atender un gimnasio del que es socio, que opera en Querétaro, a donde además se llevaban recursos materiales, como papelería y enseres de limpieza que se tomaba indebidamente de la sede del Poder Judicial de la Federación, por órdenes del mismo juez.

Las conductas del juez Soto escalaron al hostigamiento laboral, al generar horarios extraordinarios de trabajo, por lo menos entre marzo y agosto de 2022 y por un trato indebido al personal, así como al hostigamiento sexual contra varias trabajadoras a las que citaba para encuentros con pretextos de trabajo, oportunidades o ascensos, pero a las que hacía comentarios o proposiciones de índole sexual o sentimental.

En el caso del juez Herminio Armando Domínguez Zúñiga se le imputan probables actos de hostigamiento sexual, abusando de su posición jerárquica, contra cinco trabajadoras a las que, según los testimonios y elementos recabados, intentó coaccionar para que accedieran a pretensiones de índole sexual, “lo cual fue desde condicionar nombramientos, denostar el trabajo de éstas derivado de que no aceptaran sus insinuaciones o invitaciones a salir o a mantener relaciones sexuales con él, y buscar intimidarlas o amedrentarlas a fin de que se fueran del juzgado una vez que las consideraba incomodas o no gratas”.

Como se mencionó, las denuncias contra el juez Domínguez Zúñiga incluyen testimonios recabados tanto en Sonora como en Querétaro, en las dos adscripciones en las que se desempeñó como juez en los últimos años.

Por ello, la resolución habla de “un patrón de conducta en el que el juez abusaba de su posición jerárquica” para realizar este hostigamiento.

Asimismo es señalado por acoso laboral, pues “impuso a sus subordinadas mayores exigencias laborales, enojándose con ellas, regañándolas, insultándolas, generándoles actos de molestia con la firma de sus acuerdos y sentencias, cambiándoles de oficiales y de lugar de trabajo, haciéndoles saber que esa situación podía cambiar si accedían a sus pretensiones sexuales; además, les exigía que presentaran licencia o su renuncia y les refería que las ayudaría a acomodarse en otros órganos jurisdiccionales con sus amigos”.

Los numerosos testimonios refieren incluso que algunos de estos jueces hablaban de un chat grupal de Whatsapp en el que estaban varios de ellos y otros juzgadores, en los que compartían “información” y comentarios sobre algunas de las trabajadoras y hablaban de cómo acordaban transferir a alguna de ellas de un juzgado a otro, según su conveniencia.

En cuanto al juez Jorge Alonso Campos Saito, se le atribuye que posiblemente cometió actos de hostigamiento sexual contra dos subordinadas, aunque presumiblemente habría incurrido también en un abuso sexual, pues lo referido señala “expresarles mensajes (verbales y escritos), hacer tocamientos de connotación sexual, así como realizar cópula sin sus consentimientos”, todo valiéndose del hecho de que era su superior.

Pero además, el juez Campos requirió con diversos argumentos a una de sus subordinadas para que solicitara un crédito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a través de la nómina por una supuesta urgencia, y que él pagaría. A fin de cuentas, cuando llegó el primer descuento el juez le dijo a la afectada que como ya le había dado una base laboral, con eso “se diera por pagada”.

El mismo patrón aplicó con otra trabajadora a la que le pidió tramitar un crédito bancario, del que sólo le hizo algunos pagos y finalmente ella debió cubrirlo.

El secretario de juzgado Carlos Vivero Tiburcio es señalado como probable responsable de hostigamiento laboral contra personal bajo su cargo, contra quienes “profirió malos tratos y comentarios groseros, despectivos y denostativos”.

El expediente fue radicado por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF en agosto de 2022. El 18 de octubre de 2023, poco más de un año después, el pleno del propio CJF determinó avalar el procedimiento y darle cauce, además de decretar la medida cautelar de suspensión contra los tres jueces de distrito y del secretario de juzgado.

Debido a que se cumplió un año de haberse aplicado la medida cautelar de suspensión, algunos de los jueces determinaron solicitar su revocación para retomar sus funciones en los juzgados respectivos, proceso que se lleva actualmente.

Se pudo conocer que, por lo menos en lo que respecta al juez Herminio Armando Domínguez, éste presentó ya sus alegatos en la solicitud para la revocación de la suspensión; las afectadas tienen derecho, según el procedimiento, a presentar también sus argumentos para rechazar la revocación, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal, vía la Comisión de Disciplina, resolvería esta petición la próxima semana.

Con información de proceso.com.mx