Comienza el proceso internacional contra la reforma judicial de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una vez agotada la mayoría de los recursos internos para frenar la reforma judicial, representantes del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, deberán comparecer este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para rendir cuentas sobre esa iniciativa considerada violatoria de convenciones internacionales suscritas por México.

Representantes del Estado mexicano citados por la CIDH deberán presentarse en una audiencia en Washington para dar explicaciones sobre la legalidad y legitimidad de esa polémica reforma, la cual preocupa a ese organismo por su eventual impacto negativo “en el acceso a la justicia, en la independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho”.

La audiencia en la CIDH, denominada “México: Reforma judicial”, marcará el arranque de una serie de procesos en tribunales y foros internacionales en los que el gobierno de Sheinbaum tendrá que responder por puntos de la iniciativa que han cuestionado juristas y expertos en derechos humanos, como la elección popular de jueces y de integrantes del Tribunal de Disciplina a partir de listas de candidatos elaboradas mayoritariamente por Morena.

En la cita de este martes 12 participarán, además de representantes del gobierno de Sheinbaum, dirigentes de colectivos de derechos humanos y defensa legal, de asociaciones de jueces, magistrados y trabajadores judiciales, así como de colegios de abogados que viajarán a Washington para plantear ante la CIDH sus críticas a la reforma lopezobradorista respaldada por Sheinbaum.

Cuatro de las asistentes a la sesión, las abogadas de derechos humanos Susana Camacho y Marisol Méndez, y las magistradas Juana Fuentes Velázquez y María Emilia Molina, dijeron a Proceso, en entrevistas por separado, que esta será la primera ocasión en el que el Estado mexicano responda ante un organismo internacional sobre los cuestionamientos a la reforma judicial.

“Esto, por sí sólo, tiene gran importancia porque tendrá implicaciones políticas y jurídicas muy fuertes para el Estado mexicano, y para el régimen que encabeza Morena, que han demostrado una intención para cooptar el Poder Judicial, que era el único que le hacía contrapeso”, dice Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

¿Otro GIEI?

La coordinadora del área de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia, Marisol Méndez, adelanta que los peticionarios mexicanos propondrán a la CIDH enviar una misión de observación a los comicios de junio de 2025, en los que serán electos 881 jueces, magistrados y ministros de tribunales federales, así como monitorear el proceso de selección de las candidaturas.

Otros abogados de derechos humanos han sugerido en reuniones internas de las organizaciones peticionarias plantear a la CIDH la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -como el que investigó, por mandato del organismo hemisférico, el caso Ayotzinapa-, para supervisar la implementación de la reforma y emitir informes periódicos sobre su evolución. 

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, dice que “lo mínimo” que esperan las organizaciones que intervendrán en la de la audiencia del martes próximo es un pronunciamiento de la CIDH sobre la reforma judicial mexicana, que se puede dar a escala institucional o de manera individual por parte de los comisionados que participarán en la sesión.

La audiencia durará una hora y media y los peticionarios –abogados de derechos humanos y trabajadores y jueces del Poder Judicial– tendrán 20 minutos para intervenir, al igual que los representantes del Estado mexicano. Después hablarán los comisionados de la CIDH y habrá unos minutos para réplicas.

Camacho afirma que los peticionarios esperan reforzar el enfoque de la CIDH sobre lo que está sucediendo en México con esta reforma, tanto por la afectación a la independencia judicial, como a las víctimas usuarias del sistema de justicia y a los trabajadores judiciales. 

La abogada sostiene que hay una enorme expectativa en la audiencia del martes y hay muchas personas y organizaciones que quieren colaborar y participar, como estudiantes, secretarios de juzgados, mujeres y víctimas.

Explica que también hay interés “por escuchar qué va a decir y qué explicaciones va a dar el Estado mexicano frente a todos estos argumentos que se están dando sobre la inconveniencia de la reforma judicial”, la cual, según los más respetados constitucionalistas occidentales, viola las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por México.

La abogada de México Evalúa y del colectivo La Justicia que Queremos –el cual agrupa a 33 organizaciones de derechos humanos– indica que las personas activistas mexicanas que acudirán a la audiencia de la CIDH aprovecharán su estancia en Washington para reunirse con congresistas, investigadores de centros de pensamiento y tomadores de decisiones a fin de ponerlos al tanto de las implicaciones de la reforma judicial para la democracia en ese país.

Reformar las fiscalías

La sesión del martes marcará el arranque de un proceso que podría llevar a una serie de condenas y recomendaciones de la CIDH al Estado mexicano para revertir los aspectos más polémicos de esa reforma, como la elección de jueces y de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial a partir de candidaturas propuestas mayoritariamente por Morena.

Si México incumple esas recomendaciones, la CIDH llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la cual emitiría una sentencia vinculante que, según el jurista argentino Roberto Gargarella y la abogada de derechos humanos Tamara Taraciuk, será condenatoria a luz de todos los antecedentes y la jurisprudencia de ese tribunal.

La abogada Marisol Méndez, quien es coordinadora del área de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia y pertenece al colectivo La Justicia que Queremos, indica que en la audiencia del martes planteará los efectos de la reforma judicial en el acceso a la justicia para las víctimas y para los grupos marginados, excluidos y en situación de vulnerabilidad.
Explica que las víctimas de la violencia, de violaciones a los derechos humanos, de trata de personas, enfrentan serios obstáculos para acceder al sistema de justicia.

Y la reforma, asegura:

No plantea una solución a los obstáculos que estas víctimas han venido enfrentando, sino que más bien profundiza las brechas que impiden que las personas de a pie puedan acceder a la justicia.

También, señala, vamos a colocar los temas que la reforma no incluye, como la ineficacia y falta de autonomía de las fiscalías, que son la puerta de entrada de todos los casos penales y de graves violaciones a los derechos humanos.
“Eso es algo que no toca esta reforma y entonces deja un vacío muy grande, porque sin fiscalías autónomas, eficaces y en las que no haya corrupción, no se puede hablar realmente de una reforma a la justicia”, señala la abogada de la Fundación para la Justicia.

Regresión

Para Méndez, el principal efecto que tendrá la audiencia de la CIDH es dar una mayor visibilidad hemisférica a la problemática que enfrenta México con esta reforma.
Dice que no cabe esperar en esa cita una resolución que el Estado mexicano esté obligado a cumplir, por lo que se depende mucho “de la voluntad política” del gobierno de Sheinbaum.
“Si México tiene voluntad política, va a poder cumplir algunas recomendaciones que se hagan en la audiencia por parte de la comisión, pero sí no es así, al otro día se van a olvidar de la audiencia”, asegura.

Un escenario de este tipo facilitaría el camino para que la CIDH lleve el caso a la Corte-IDH, pero mientras eso ocurre es importante que el organismo hemisférico establezca mecanismos de seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de la reforma judicial.

La magistrada Juana Fuentes Velázquez, quien es directora nacional de la Jufed, señala que el gobierno mexicano y el régimen morenista contarán con el aparato diplomático de la Cancillería para cabildear en los diferentes organismos internacionales en favor de la reforma judicial, pero no van a tener en el exterior “la capacidad de chantaje y extorsión” que mostraron en el Senado y en la Suprema Corte de Justicia para doblegar voluntades.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la magistrada María Emilia Molina, señala que una de las violaciones de la reforma judicial en el ámbito laboral fue el desconocimiento que hizo de la garantía de inamovilidad de los funcionarios de carrera de los tribunales del país, lo que también es una transgresión de tratados internacionales.

Indica que, además, la reforma viola el principio de paridad de género pues y desconoce el mérito de las mujeres juzgadoras que han hecho una carrera judicial “rompiendo techos de cristal” y superando más obstáculos que los jueces hombres.

Dice que la reforma afecta a 486 mujeres juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y a cientos más en los estados, ya que “no está garantizada la paridad y desconoce los nombramientos que tenemos, en muchos casos mediante concursos de acción afirmativa” que buscaban un mayor acceso de las mujeres al sistema, en el que ellas ocupan menos de la tercera parte de los cargos.

“Además de que afecta la independencia judicial y el acceso a la justicia de los ciudadanos, esta reforma es una regresión en el tema de paridad de género”, señala la magistrada.

Con información de proceso.com.mx