Le fallan los políticos a víctimas de pederastia

Bogotá, 08/11/24 (Más/IA).- Victoria Marichal, Salvador Cacho y María Martínez comparten una historia que, lamentablemente, resuena en toda América Latina: abusos sexuales en la infancia, años de silencio, y un sistema judicial que, en lugar de proteger, tiende a revictimizar.

Marichal relata cómo, tras ser violada a los 17 años en Uruguay, su propia psicóloga la culpó de haberlo provocado. En México, la fiscal a cargo del caso de Cacho atribuyó “el 50 por ciento de la culpa” a la madre por no haber “vigilado” a su hijo. La historia de Martínez, en Bolivia, no fue diferente; una forense le aseguró que no podía haber sufrido años de agresiones porque aún tenía himen.

Para estas víctimas, los sistemas de justicia de sus países han representado una cadena de obstáculos, donde las acusaciones se minimizan y los culpables, muchas veces, quedan impunes. “Los políticos no nos pueden seguir fallando”, sentencia Martínez. Cacho agrega: “Quedan muchas deudas por saldar, con quienes hoy son víctimas y con los sobrevivientes”.

Las cifras de abuso son alarmantes. Según datos de Unicef, más de mil millones de personas en el mundo han sido víctimas de abuso sexual en la infancia; 650 millones de ellas son mujeres. En América Latina y el Caribe, 45 millones de personas cargan con este trauma. Para responder a esta realidad, representantes de más de 130 países se reúnen esta semana en Bogotá en la primera Conferencia Mundial para Erradicar la Violencia contra la Niñez. Ahí, 75 ministros, expertos y sobrevivientes debatirán y buscarán estrategias para poner fin a esta problemática en la región.

La sobreviviente María Martínez, quien padeció abuso durante cinco años a manos de familiares cercanos, aún enfrenta secuelas físicas y emocionales. A pesar de años de terapia, la superación ha sido un proceso difícil, agravado por los efectos de la impunidad. En Bolivia, si bien el delito de violación infantil ya no prescribe, aún se permite que algunos delitos sean clasificados como estupro, lo que reduce la pena a un máximo de seis años de prisión. “Los Estados tienen que escucharnos a nosotros, porque hemos pasado por esto. Sabemos dónde nos fallaron”, afirma Martínez.

En otros países, como México, Colombia y Chile, los delitos de abuso infantil no prescriben, pero en naciones como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, sí. Esta diferencia de enfoques deja a muchas víctimas sin la posibilidad de obtener justicia en su vida adulta, especialmente dado que la mayoría tarda en denunciar. Entre el 70 y el 80 por ciento de las víctimas nunca revelan el abuso, y quienes lo hacen, suelen tardar un promedio de 24 años en contar su historia.

La complejidad de la violencia sexual y su naturaleza persistente en la región crean un problema que muchos gobiernos evitan abordar. Etienne Krug, director de programas de prevención de violencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfatiza la necesidad de un enfoque integral para enfrentar este problema: leyes más sólidas, trabajo con las familias, mejor recolección de datos y la lucha contra la normalización de la violencia en la sociedad. “América Latina y el Caribe ha convivido con la violencia y la tiene muy normalizada”, afirma Krug.

Para Steve Miller, director de protección infantil en Save the Children, la solución requiere el compromiso de los políticos, algo que ha sido insuficiente hasta ahora. “Los datos y los relatos de los sobrevivientes muestran que se tiene que abordar de manera integral, y eso asusta a muchos políticos”, asegura Miller.

En un esfuerzo por visibilizar el dolor de las víctimas y resignificar sus espacios de infancia, sobrevivientes de abuso han recreado escenarios de sus propias historias en la exhibición Habitaciones que no callan, instalada en el hotel Hilton en Bogotá. Las tres salas incluyen un cuarto infantil, una iglesia con el maniquí de un niño escondido bajo el púlpito, y un gimnasio, todos escenarios de los abusos que estos sobrevivientes han enfrentado. “Es una performance que resignifica los espacios de la infancia. Queremos que piensen en estos lugares y en nosotros, en un espacio seguro”, explica Marichal.

En América Latina, el acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual infantil es limitado. En Uruguay, el 86 por ciento de los delitos de violencia sexual quedan impunes, mientras que en México esta cifra alcanza el 91 por ciento. “La justicia está adaptada a los adultos, no a los niños”, señala Paula Ximena Sánchez, de Misión Internacional de Justicia, destacando la necesidad de una perspectiva de infancia para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de los menores.

Salvador Cacho, víctima de abuso por parte de un primo materno, cuenta cómo la vergüenza y el miedo lo silenciaron durante años. “Cuando eres niño, los abusos no son tan claros, y más si vienen de una figura tan jerarquizada”, reflexiona. Su agresor huyó a España, donde fue arrestado por la Interpol y actualmente espera extradición. Cacho considera que ha sido “privilegiado” al poder contar con abogados y apoyo familiar en el proceso judicial, aunque sabe que esta no es la norma para la mayoría de víctimas.

A través de años de terapia y el respaldo de sus seres queridos, Cacho ha creado un lema de vida que representa su espíritu resiliente: “Lo que me pasó me marca, pero no me define”. Hoy, se define más por sus pasatiempos, su carrera profesional y su amor por los libros que por el trauma que vivió. Tanto Marichal como Martínez han encontrado en el activismo y la ayuda a otros sobrevivientes un camino hacia la sanación.

La experiencia de estos sobrevivientes deja en evidencia la falta de políticas públicas efectivas para apoyar a las víctimas de abuso sexual infantil en América Latina. La Conferencia Mundial en Bogotá representa un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. Como lo afirma Marichal, “existe el estigma de que tu vida se arruina después de algo así, pero la reparación es posible”.

Con información de Massinformación.