Trabajadores del Poder Judicial y ciudadanos buscan someter a consulta popular la aplicación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La abogada Marisol Rivas, integrante de la Coordinación Regional de la Asociación Mexicana de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (AMTPJF) en Jalisco, señaló que a través de la democracia directa buscan que en 2025 la ciudadanía decida si quieren elegir a jueces a través del voto popular.
“La única herramienta que nos queda es la consulta popular. Esta consulta solo es la primera batalla de la guerra que tenemos que librar como ciudadanos”, señaló en un video en redes sociales.
Detalló que “será a través de la conciencia y la participación activa ciudadana, a través de los mecanismos de democracia directa” como lo es la consulta popular.
Por ello hizo un llamado para recolectar firmas “para que en 2025 podamos salir a decidir si realmente queremos juzgadores que hayan pagado para que su nombre esté en una boleta”.
La abogada, quien es reconocida por la AMTPJF como su coordinadora regional en Jalisco, difundió una herramienta del Instituto Nacional Electoral (INE) denominada “Apoyo ciudadano”, a través de la que se promueve el respaldo a una consulta popular o iniciativa de ley.
El planteamiento busca que la ciudadanía sume firmas para la realización de una consulta popular “para que sea la ciudadanía quien decida sobre la reforma al Poder Judicial”.
De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, una consulta popular puede ser solicitada por el presidente de la república, el equivalente al 33% de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, o al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el INE cuenta con una lista nominal de electores de 98 millones 42 mil 436 personas.
Esto significa que para lograr que se realice la consulta popular, deben obtener las firmas de casi dos millones de personas en la aplicación “Apoyo Ciudadano”. Es decir 1 millón 960 mil 848 personas.
Según la ley, la trascendencia de una consulta popular propuesta por los ciudadanos debe ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además se establece que para que el resultado de la consulta popular sea vinculante debe contar con el 40% de la participación ciudadana de las personas inscritas en las Lista Nominal de Electores.
Con información de Político.mx