Desde Tierra Caliente hasta la Costa, pasando por la Montaña y la región Centro en Guerrero los alcaldes han sido víctimas de la violencia causada por el crimen organizado infiltrado en la política y por la estrategia gubernamental que empodera a unas organizaciones y debilita a otras.
El amasiato entre política y narco brotó a la luz pública tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014.
El caldo de cultivo de la violencia política en Guerrero es la carencia de libertades propias de una democracia, así como la ausencia de procuración de justicia que le abre la puerta al imperio de la impunidad.
Otro factor son los “acuerdos” previos a cada elección que concretan grupos políticos y criminales para conquistar y perpetuarse en el gobierno, explica el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien busca pacificar las regiones más violentas del estado mediante el diálogo.
En el contexto del proceso electoral de junio de 2023 a octubre de 2024 en todas las regiones de Guerrero fueron asesinadas 27 personas entre aspirantes, candidatos, autoridades y familiares directos.
En un lapso de ocho años han sido ejecutados cinco presidentes municipales. Un nuevo crimen supera al anterior en nivel de violencia extrema hasta llegar al caso del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien fue decapitado y su cabeza abandonada en el toldo de una camioneta.
En Tierra Caliente, sin dedazo no hay campaña
Ambrosio Soto Duarte tenía 10 días en el cargo de presidente municipal de Pungarabato cuando fue acribillado. Se trató de una emboscada en una carretera en los límites de Michoacán y Guerrero.
Esa noche del sábado 23 de julio de 2016 el alcalde perredista regresaba a su municipio, junto a su cuñado y una escolta de la policía federal.
Su sentencia de muerte fue denunciar ante el gobierno federal la extorsión que padecían comerciantes y el pago de tres millones de pesos que le exigían Los Caballeros Templarios liderados por Rodolfo Maldonado Bustos, Don José, hoy jefe regional de La Familia Michoacana.
La elección de 2015 en Tierra Caliente fue la última en la que no intervino el crimen organizado, recuerda un profesor radicado desde hace 20 años en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato.
Fue una campaña normal donde los partidos y los candidatos se echaban guerra, hacían campaña en las comunidades, en los barrios, compraban votos, le metían lana y la ciudadanía participaba, pero no estaba la sombra de los cabecillas del narco.
Un año antes de su asesinato, Ambrosio Soto denunció públicamente y ante la Organización de las Naciones Unidas la criminalidad que padecía su municipio y la región, dice. “Propició que una vez que llegó al poder lo mataran”.
Tras la muerte del alcalde de Pungarabato, asegura, las administraciones municipales son manejadas por el crimen organizado. Han monopolizado los gobiernos municipales.
No obstante, lejos de que las autoridades sufran o padezcan la situación, viven felizmente.
“Es cosa de la condición humana, de sentirse amigo de los poderosos. Están muy viciados (los funcionarios), la administración pública, y los recursos que manejan están en la opacidad porque nadie les dice nada. Han hecho renunciar a decenas de trabajadores sin costo de antigüedad y si alguien se queja, se va a arreglar el asunto con ya saben quién”, indica.
En la Tierra Caliente el candidato que no tiene el dedazo del crimen organizado no hace campaña para evitar que sea desterrado...
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0017 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
Con información de proceso.com.mx