La Cámara de Diputados instaló la Sección Instructora y los primeros casos de procedencia de juicio político que podría revisar serán los que presentaron diputados del Partido del Trabajo (PT) en contra de jueces que otorgaron suspensiones a la reforma judicial.
Así lo detalló el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el diputado Hugo Éric Flores (Morena), en entrevista al salir de la primera sesión de dicha comisión, cuyos integrantes también forman parte de la Sección Instructora.
“Hasta estos momentos, solamente tenemos conocimiento de un asunto presentado por algunos diputados del PT, con respecto a los jueces y a los ministros, sobre todo los jueces que estuvieron dando algunas suspensiones por el tema de la reforma constitucional del Poder Judicial”.
“Entonces revisaremos y hay alguna posibilidad de que esto pudiera llegar a proceder, de lo contrario vamos a irnos a la otra legislatura y vamos a empezar a desahogar por prioridad y prelación los casos de la anterior legislatura”, dijo Hugo Éric Flores.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional aseguró que el trabajo de los cuatro integrantes de la Sección Instructora “será imparcial” y no politizará los casos a revisión.
La Sección Instructora es un órgano legislativo encargado de revisar pruebas, recibir testimonios y decidir si es procedente o no una solicitud de juicio político en contra de cualquier funcionario público que amerite desafuero o inhabilitación.
Sus integrantes son los mismos que los de la Comisión Jurisdiccional, pero la comisión –a diferencia de la Sección Instructora– es la etapa inicial de un proceso de juicio político y solo revisa si las solicitudes hechas proceden o no.
Si proceden, los integrantes de la Comisión Jurisdiccional instalan la Sección Instructora, que ya es el órgano que puede recibir testimoniales y pruebas para decidir si procede llevar a juicio político (ante el pleno de la Cámara de Diputados) a un servidor público.
Para esta Legislatura, los integrantes de la Sección Instructora son Hugo Éric Flores (Morena), Adriana Belinda Quiroz Gallegos (Morena), Germán Martínez Cázares (PAN) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM).
Hugo Éric Flores detalló que hay más de 1,200 solicitudes de juicio político pendientes de revisar de todas las legislaturas pasadas. Pero hay algunas que destacan por ser señaladas como “una persecución política” del gobierno anterior.
Entre ellas, mencionó la de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI y diputado federal. En caso de avanzar la solicitud de juicio político contra el priista, podría ser desaforado, para que enfrente cualquier responsabilidad que se le impute.
También están pendientes algunas solicitudes en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue desaforado por el pleno de la Cámara de Diputados a finales de 2023; pero el Congreso de Morelos lo mantuvo en el cargo.
Otros casos mencionados por el presidente de la Comisión Jurisdiccional fueron las solicitudes de juicio político en contra de los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes ya no están en el cargo.
Un caso más es el del exministro Arturo Zaldívar, actualmente coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum.
“Estamos justamente revisando. Yo quiero ser muy sincero, la función jurisdiccional de nosotros es absolutamente imparcial, estos asuntos no van a ser políticos. Yo, de los primeros indicios que veo de esto escrito, creo que hay algunos elementos que no necesariamente están cumplimentados, pero estaremos revisándolo”, dijo.
Con información de Animal Político.