Supremacía constitucional pasa a Diputados: ‘Es tiempo de poner un alto’ al Poder Judicial, dice Monreal

El próximo domingo 27 de octubre, la Cámara de Diputados podría discutir y votar la llamada supremacía constitucional, que son las modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución con el fin de impedir que las reformas constitucionales puedan ser impugnadas, así lo informó este viernes el diputado morenista Ricardo Monreal.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro señaló que la minuta ya llegó a la Mesa Directiva para que ésta sea enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy, la cual se instaló hoy con la participación de 27 de sus 50 miembros. Esta comisión será la encargada de elaborar el dictamen para reformar dichos artículos.

“Hoy mismo se remite a los diputados y se convoca a reunión de la Comisión; puede ser el sábado, el domingo, el lunes, el día que ellos determinen, al reunirse el domingo, tiene que darse publicidad al dictamen”, manifestó Monreal al ser cuestionado por medios.

Monreal Ávila destacó que se realizarán todo los trámites legales, respetando escrupulosamente los mismos, para que se dé una discusión amplia, y que las comisiones dictaminadoras y el Pleno de la Cámara de Diputados tengan claridad en la discusión y aprobación.

Dijo entender y respetar las reacciones de la oposición, que ese es su papel, pero que no se puede detener la marcha del país: “ellos saben lo que significa la Cámara, donde 

Indicó que ya es tiempo que la Carta Magna le ponga un alto a las autoridades judiciales que intentaron ilegalmente admitir amparos, además de otorgar suspensiones definitivas sin que tuviese facultades para hacerlo.

Senado avala ‘supremacía’ constitucional

Este viernes, el Senado dio luz verde al dictamen que busca establecer la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.

Con 85 votos a favor y 41 en contra, senadores aprobaron el proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales, en medio de una polémica desatada desde su origen por reforzar la soberanía del poder legislativo frente al judicial y las calificaciones de impulsar una supremacía constitucional.

La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso mexicano como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.

Con información de El Financiero

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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