La Justicia peruana ratifica la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado
Lima (EFE).- La Justicia peruana ratificó este viernes la medida de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), porque, según el magistrado, “persiste el riesgo de fuga” en el caso abierto por el autogolpe de Estado fallido de 2022.
“El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el acusado expresidente Pedro Castillo y, consecuentemente, declaró vigente esta medida impuesta en el proceso por el delito de rebelión y otros”, anunció en la red social X la institución.
Precisó que esta decisión se emitió por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.
“Persiste el peligro de fuga” de Pedro Castillo
El magistrado señaló en su resolución que “persiste el peligro de fuga del acusado” y que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen el cese de la medida, impuesta inicialmente por 18 meses y, luego, prolongada por el mismo plazo.
El 9 de septiembre, Checkley determinó que Castillo irá a juicio oral por el fallido golpe de Estado que intentó dar el 7 de diciembre de 2022, junto con sus ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.
Entre los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados “deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación” del caso.
Con esta medida, el Poder Judicial resolvió “continuar con el proceso que enfrenta Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otro en agravio del Estado”.
Al presentar su solicitud de acusación en enero pasado, la Fiscalía pidió que exmandatario tenga una condena de 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
El caso en la etapa de control de pruebas
Actualmente, el juez Checkley lleva adelante la etapa de control de pruebas, en la que se evalúan las evidencias presentadas por la Fiscalía, así como la pertinencia de los testigos convocados a declarar.
El proceso aún debe esperar a que el magistrado concluya con esta etapa y emita un auto de enjuiciamiento, en el que debe formalizar el inicio de un juicio oral que, de acuerdo con el alto cargo que ocupó Castillo, deberá asumirse por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
A Castillo lo destituyó por el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.
En respuesta, se destituyó por “permanente incapacidad moral” y luego detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras se procesa por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.
Con información de EFE.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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