Ofrecen recompensa por el feminicida de la niña Liliana Guadalupe; convocan a marcha

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– El feminicidio de Liliana Guadalupe, una niña de 12 años que vendía dulces y frituras en las calles de la capital chiapaneca, quien desapareció y a los cuatro días fue encontrada semienterrada en el patio de una vivienda, mantiene conmocionado al estado de Chiapas.

El jueves, la Fiscalía General del Estado identificó al presunto feminicida y ofreció una recompensa de 500 mil pesos para su localización.

El feminicida fue identificado como Víctor José Carrera Mayor, por quien la Fiscalía ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde información que permita dar con su paradero con el fin de que sea presentado ante las autoridades y se finquen responsabilidades. La fotografía del sujeto se hizo viral en las redes sociales.

Colectivas feministas están convocando a una marcha de protesta el próximo lunes. “Las niñas desaparecen y la Fiscalía no hace nada”; “las niñas no se tocan”, dice la convocatoria para la sociedad en general.

La colectiva feminista 50 mas 1, que lleva un seguimiento de los casos de feminicidios en Chiapas, denunció que el caso de Liliana Guadalupe fue un crimen atroz, un feminicidio, una tragedia verdaderamente grave, y no es el único feminicidio de niñas que se presenta en Chiapas; este el tercer caso que se registra en el estado en lo que va del año.

Adriana Guillén Hernández, de la comisión a Una vida libre de violencia contra las mujeres, dijo que en Chiapas se vive una violencia extrema contra las mujeres y la niñez.

“Uno de los focos rojos está en los municipios de la frontera con Guatemala, donde hemos dado seguimiento a 12 casos de feminicidios de mujeres de identidad desconocida, tan solo en lo que va del año, lo que es una tragedia”, manifestó la activista.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) denunció que existió “omisión” de las autoridades para la búsqueda y localización con vida de la menor originaria del vecino municipio de Berriozabal, quien fue encontrada muerta el miércoles, luego de cuatro días de permanecer desaparecida.

Redias señaló que “el caso de Liliana refleja la incapacidad del Estado para realizar la búsqueda y localización efectiva de las víctimas de desaparición en la entidad”. La ONG afirmó que “no hubo una respuesta efectiva por parte de las autoridades, por lo que la familia emprendió acciones de búsqueda con familiares, vecinos y la colectiva Madres en Resistencia”.

En un comunicado, el colectivo exigió una investigación expedita e imparcial y castigo a las personas responsables del crimen en contra de la menor, que desapareció el 19 de octubre cuando vendía dulces típicos en las calles de la colonia Colón, donde cotidianamente acudía a vender junto con su familia.

“El contexto de creciente violencia en el estado impacta de forma diferenciada a niñas y mujeres adolescentes en la entidad. Con el feminicidio de Liliana, son cinco las niñas y adolescentes que han sido víctimas mortales de la violencia feminicida en Chiapas en este año en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Tapachula, Simojovel y Huehuetán”.

Redias sostiene que “son las niñas y mujeres adolescentes las que se encuentran en mayor riesgo de desaparición en la entidad; de las 2 mil 665 niñas, niños y adolescentes con reporte de desaparición en el sexenio 2019-2024, el 73 por ciento son adolescentes mujeres entre los 12 y 15 años. Tuxtla Gutiérrez concentra el mayor número de desapariciones de personas menores de edad en la entidad, con 100 en lo que va del año, 64 de ellas contra niñas y mujeres adolescentes”.

Con información de Proceso.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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