Tómbola sin equidad: 224 plazas de juezas y magistradas irán a elección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tómbola para establecer qué plazas de jueces y magistrados serán sometidas a la primera elección judicial que se realizará en el país en 2025 incluyó a casi la mitad de las 474 mujeres juzgadoras que integran actualmente el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Por ello, la magistrada Adriana Ortega Ortiz consideró que la reforma judicial tiene problemas de género que se deben corregir en adelante pues en la insaculación realizada por el Senado de la República resultaron sorteadas 224 plazas ocupadas por mujeres juzgadoras.

“¿Dónde está el ‘llegamos todas’?”, cuestionó la magistrada en referencia a la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el Poder Judicial, hasta donde yo me quedé nos vamos la mitad (…) no llegamos todas, nos fuimos muchas, 224 mujeres juzgadora que están profesionalizadas, que llegaron a esos espacios con todo el trabajo que cuesta llegar a esos espacios, la mitad de las mujeres juzgadoras se van a su casa si no se someten a la elección”.

La magistrada se congratuló de la aprobación de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, criticó que durante la tómbola realizada por el Senado como parte de la reforma judicial, no se tomaron las previsiones necesarias para proteger a las mujeres juzgadoras en el PJF.

“Si estamos comprometidas con la igualdad sustantiva, por qué no postergamos por lo menos hasta 2027, por qué no decidimos que todas las mujeres se fueran en 2027, por qué no les dimos a esas mujeres con proyectos de vida dos años más para reajustar sus proyectos de vida”, comentó.

“Dada la escasa representación en el Poder Judicial lo más sencillo, lo más afirmativo, la mejor medida era llevarse todas las plazas de mujeres a 2027, pues en realidad no estamos consiguiendo igualdad sustantiva, por lo menos no en el Poder Judicial.

La magistrada enfatizó que de haber postergado la elección de plazas de mujeres hasta 2027 se hubiera garantizado el incremento de un 10% de juzgadoras en el PJF.

Con información de Proceso.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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