A poco menos de una semana de que venza el plazo para instalar los Comités de Evaluación de los candidatos a la elección de personas juzgadoras, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf solicitaron a la ministra presidenta Norma Piña, instalar el correspondiente al Poder Judicial y enviaron una propuesta de posibles integrantes.
Mediante una carta dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras recordaron que la convocatoria pública emitida por el Senado señala que los comités de los tres Poderes de la Unión deben instalarse a más tardar el 31 de octubre de 2024.
Por este motivo, se adelantaron a enviar un listado con cinco perfiles que podrían integrar el Comité de Evaluación que representará al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Entre los integrantes propuestos se encuentra Raúl Plascencia Villanueva, extitular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Ruth Villanueva Castilleja, especialista en Sistemas Penitenciarios y Criminología, quien se desempeñó como subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la entonces PGR; la maestra Silvia Gabriela Ortiz Rascón, secretaria de Estudio y Cuenta comisionada a la ponencia de Yasmín Esquivel en la Suprema Corte.
Además de Leoba Castañeda Rivas, quien se desempeñó como directora de la facultad de Derecho de la UNAM (2012-2016) y Manuel Becerra Ramírez, especialista en Derecho Internacional Público.
Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf detallaron que las propuestas se hacen “en cumplimiento a los artículos 96, fracción Il, inciso b), de la Constitución Federal, y Segundo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 septiembre de 2024”, los cuales señalan que cada Poder de la Unión integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica.
Estas personas deberán recibir los expedientes de las personas aspirantes; evaluar el cumplimiento de los requisitos y seleccionar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo.
Una vez conformados, los Comités de Evaluación publicarán, dentro de los 15 días naturales posteriores, las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.
Consultada por Animal Político, la ponencia de la ministra Lenia Batres informó que no se sumó a las propuesta de las ministra Ortiz y Esquivel para conformar los Comités de Evaluación porque la ministra presidenta Norma Piña, quien se supone es la que debe convocar, no ha dado inicio a ese procedimiento dentro de la Suprema Corte.
En 2014, el diario Reforma denunció que Raúl Plascencia, una de las personas propuestas para integrar el Comité de Evaluación del Poder Judicial, construyó una casa de 20 millones de pesos en Jardines del Pedregal, sobre un terreno de 795 metros cuadrados.
La construcción de la residencia ocurrió en el ocaso de su polémica gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que provocó que días después un grupo de 85 personas y organizaciones de la sociedad civil presentaran una demanda de juicio político contra el Ombudsman.
La demanda, suscrita por el exsacerdote Alberto Athié; el poeta, Javier Sicilia; el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón; la entonces directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, y el cura Alejandro Solalinde, de Hermanos en el Camino sostenía lo siguiente:
“Los dos argumentos fundamentales que sustentan la petición son «las gravísimas omisiones de la CNDH (2009-2014) frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México» y «la utilización de la institución a modo y para fines distintos a la defensa» de esas garantías”, señaló el centro Prodh mediante un comunicado.
En 2022, el portal Latinus informó que Plascencia también habría emitido una recomendación contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque esta dependencia no lo apoyó en su intento por ocupar un cargo como ministro de la Suprema Corte.
De acuerdo con un informe interno de la Sedena, que se encontró entre los miles de correos hackeados por el grupo Guacamaya, la recomendación se emitió por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, ejecutadas extraoficialmente el 20 de junio de 2014.
Basado en las declaraciones de los defensores de los militares acusados, el documento SP/1879 indicaba que, ante la negativa de la Sedena para apoyarlo en sus aspiraciones como ministro, la recomendación emitida por Villanueva buscaba que el caso Tlatlaya fuera considerado como un crimen de lesa humanidad, para evitar prescribiera y la información se hiciera pública.
Con información de Animal Político.