Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz piden instalar Comité de Evaluación del Poder Judicial; proponen 5 perfiles
A poco menos de una semana de que venza el plazo para instalar los Comités de Evaluación de los candidatos a la elección de personas juzgadoras, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf solicitaron a la ministra presidenta Norma Piña, instalar el correspondiente al Poder Judicial y enviaron una propuesta de posibles integrantes.
Mediante una carta dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras recordaron que la convocatoria pública emitida por el Senado señala que los comités de los tres Poderes de la Unión deben instalarse a más tardar el 31 de octubre de 2024.
Por este motivo, se adelantaron a enviar un listado con cinco perfiles que podrían integrar el Comité de Evaluación que representará al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Entre los integrantes propuestos se encuentra Raúl Plascencia Villanueva, extitular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Ruth Villanueva Castilleja, especialista en Sistemas Penitenciarios y Criminología, quien se desempeñó como subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la entonces PGR; la maestra Silvia Gabriela Ortiz Rascón, secretaria de Estudio y Cuenta comisionada a la ponencia de Yasmín Esquivel en la Suprema Corte.
Además de Leoba Castañeda Rivas, quien se desempeñó como directora de la facultad de Derecho de la UNAM (2012-2016) y Manuel Becerra Ramírez, especialista en Derecho Internacional Público.
Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf detallaron que las propuestas se hacen “en cumplimiento a los artículos 96, fracción Il, inciso b), de la Constitución Federal, y Segundo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 septiembre de 2024”, los cuales señalan que cada Poder de la Unión integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica.
Estas personas deberán recibir los expedientes de las personas aspirantes; evaluar el cumplimiento de los requisitos y seleccionar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo.
Una vez conformados, los Comités de Evaluación publicarán, dentro de los 15 días naturales posteriores, las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.
Consultada por Animal Político, la ponencia de la ministra Lenia Batres informó que no se sumó a las propuesta de las ministra Ortiz y Esquivel para conformar los Comités de Evaluación porque la ministra presidenta Norma Piña, quien se supone es la que debe convocar, no ha dado inicio a ese procedimiento dentro de la Suprema Corte.
El oscuro paso de Raúl Plascencia al frente de la CNDH
En 2014, el diario Reforma denunció que Raúl Plascencia, una de las personas propuestas para integrar el Comité de Evaluación del Poder Judicial, construyó una casa de 20 millones de pesos en Jardines del Pedregal, sobre un terreno de 795 metros cuadrados.
La construcción de la residencia ocurrió en el ocaso de su polémica gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que provocó que días después un grupo de 85 personas y organizaciones de la sociedad civil presentaran una demanda de juicio político contra el Ombudsman.
La demanda, suscrita por el exsacerdote Alberto Athié; el poeta, Javier Sicilia; el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón; la entonces directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, y el cura Alejandro Solalinde, de Hermanos en el Camino sostenía lo siguiente:
“Los dos argumentos fundamentales que sustentan la petición son «las gravísimas omisiones de la CNDH (2009-2014) frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México» y «la utilización de la institución a modo y para fines distintos a la defensa» de esas garantías”, señaló el centro Prodh mediante un comunicado.
En 2022, el portal Latinus informó que Plascencia también habría emitido una recomendación contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque esta dependencia no lo apoyó en su intento por ocupar un cargo como ministro de la Suprema Corte.
De acuerdo con un informe interno de la Sedena, que se encontró entre los miles de correos hackeados por el grupo Guacamaya, la recomendación se emitió por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, ejecutadas extraoficialmente el 20 de junio de 2014.
Basado en las declaraciones de los defensores de los militares acusados, el documento SP/1879 indicaba que, ante la negativa de la Sedena para apoyarlo en sus aspiraciones como ministro, la recomendación emitida por Villanueva buscaba que el caso Tlatlaya fuera considerado como un crimen de lesa humanidad, para evitar prescribiera y la información se hiciera pública.
Con información de Animal Político.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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