Sheinbaum aplaude iniciativa de la Corte de reducirse el salario
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció a favor de la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reduzcan sus sueldos, ya que recordó tienen percepciones de sueldos más prestaciones hasta por 700 mil pesos.
Sin embargo reconoció que ella lo que sabe del tema “es lo que sale en los medios “y en cuanto tengamos informe al de la Secretaría de hacienda de la solicitud de presupuesto que está haciendo la Corte podremos ver los detalles y podremos informar. Hasta no ver cómo está distribuido el presupuesto no podemos dar una opinión”.
Señaló lo anterior, en el marco de su habitual conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, que ofreció desde Los Cabos, en Baja California Sur, en donde presentó el programa para la vivienda en aquella entidad.
“Por supuesto que serían bienvenidos las y los ministros a que se reduzcan los sueldos, tienen percepciones de más de 700,000 pesos mensuales que una parte (es) de su salario base y luego son todas las prestaciones adicionales de las que gozan lo que hace que tengan percepciones de más de 700,000”.
Lo cierto es que es de la primera propuesta de la ministra presidenta a la segunda reduce en el monto presupuestal pero hasta que no veamos cómo lo están reduciendo, no queremos dar una opinión desinformada, señaló.
Ello, luego de que la SCJN señaló que las y los ministros tendrán una reducción salarial de casi el 50%, acordado la víspera por el Pleno, sin embargo, la ministra Lenia Batres, quien votó en contra de la medida, al considerar que la misma no era una austeridad real, ya que la reducción en salarios de los 11 ministros no cumplía con la ley, ya que seguirán percibiendo una cifra mayor a la de la presidenta de la República.
Con información de Crónica.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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