Gobierno de Milei subastará más de 400 edificios públicos
El gobierno argentino de Javier Milei subastará más de 400 inmuebles públicos y pondrá a la venta otras 800 propiedades por un valor estimado de 800 millones de dólares, informó este viernes la Presidencia.
La medida será adoptada con el objetivo de "reducir gastos innecesarios" y lograr una "gestión más eficiente" de los bienes del Estado, indicaron desde la administración libertaria.
Las propiedades serán subastadas a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y los primeros inmuebles saldrán a remate antes de fin de año.
"Se han relevado una serie de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que se encuentran en condiciones de ser enajenados en razón de resultar innecesarios para la gestión de los organismos a cargo de los mismos", señala el decreto publicado este 25 de octubre en el Boletín Oficial.
Detalles de subasta
En la rueda de prensa de este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que uno de los inmuebles que se va a poner a la venta es la sede central del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que está tasado en 12,5 millones de dólares.
"Además de las 400 propiedades que se subastan, también se impulsa la venta de los inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico", detalló Adorni.
Según manifestó el portavoz de Milei, la decisión "implica ingresos considerables para las arcas del Estado".
Con información de actualidad.rt.com
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
Notas recientes
Las más leídas
