Encabeza Fiscal entrega de reconocimientos a personal por cursos finalizados en el Centro de Capacitación, Profesionalización y Certificación de la FGE

 

• Además, se entregaron estímulos a elementos por acciones destacadas

El Fiscal General, César Jáuregui Moreno, encabezó la entrega de reconocimientos al personal representativo de los 676 elementos del Ministerio Público, peritos, analistas y Policías de Investigación, que han cursado al menos una de las 34 capacitaciones impartidas en el recién inaugurado Centro de Capacitación, Profesionalización y Certificación de la Fiscalía General del Estado.

De igual manera, se entregaron 12 estímulos al personal que, durante el mes de agosto pasado, se destacó por diversas acciones de procuración de justicia.

El titular de la Fiscal General del Estado, destacó el compromiso del personal para capacitarse, ya que “debemos estar preparados para enfrentar los nuevos retos que se avecinan en materia de procuración de justicia y para seguir haciendo de la Fiscalía, una de las mejores del país”.

Señaló que la Gobernadora Maru Campos, ha manifestado que se encuentra muy orgullosa y agradecida por el trabajo que realizan quienes integran la Fiscalía General del Estado, por lo cual, los alentó a seguirse preparando para ser más eficaces.

Previamente, el Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación, Jesús David Flores Carrete, reconoció el compromiso de la actual administración para seguir poniendo a la vanguardia al personal por medio de la capacitación de altura que se imparte en el Centro de Capacitación de la Fiscalía, inaugurado apenas el pasado mes de julio y en el cual ya se han impartido 34 cursos a un total de 676 elementos.

En representación de la primera generación del CCPyC, recibieron reconocimientos cinco elementos de la Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal; cinco de la Agencia Estatal de Investigación; cinco de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y cinco Agentes del Ministerio Público.

Mientras que el personal que recibió estímulos por desempeño, fueron seis agentes del Ministerio Público; tres oficiales y un suboficial de la Policía de Investigación; un perito profesional y un perito técnico.

Participaron en la ceremonia las Fiscales Ada Miriam Aguilera Mercado, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada; Wendy Chávez Villanueva, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia; los fiscales de Distrito, Silvia González Gutiérrez, de la Zona Sur; Juan Carlos Portillo Coronado, de la Zona Sur; el Comisario Jefe de la Agencia Estatal de Investigación, Arturo Zuany; la titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega; la directora de CEJUM, Tatiana Carreón Lara; el Director General Jurídico, Carlos Mario Jiménez Holguín, Francisco Sáenz Soto, del Despacho del Fiscal y el Director de CEMASC, Daniel Terrazas Parada, entre otros funcionarios.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

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