Sheinbaum no puede desligarse de bajar la reforma judicial del Diario Oficial aunque haya consultado al Senado: magistrado Olvera
Si la presidenta preguntó al Senado sobre si debe o no bajar la publicación de la reforma judicial, como solicitó la jueza de Veracruz, Nancy Juárez Salas, y esta cámara opinó a favor, Claudia Sheinbaum Pardo aún está obligada a acatar la decisión.
El magistrado Juan José Olvera López recordó que “la autoridad demandada en el juicio de amparo es, en este caso, la Presidencia de la República. Quien debe responder ante el juicio es la Presidencia de la República”.
Agregó que “a quien debe responder el juicio es a la jueza de distrito que lleva el caso. Si ella, como autoridad responsable, decide consultar a su consejería sobre qué hacer, decide consultar a otro poder sobre qué hacer, esa es una decisión que ella tiene. Pero al final la responsable es ella”, dijo.
Expuso como ejemplo la confusión que se generó cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) preguntó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si acataba o no un amparol.
“Porque en el caso del Trife (ahora TEPJF), en el problema de que el INE le pregunte al Trife qué hace con una demanda de amparo, pues podría haberse generado una especie de confusión de qué hacer y le pregunta a otro órgano de materia electoral. Aquí las cosas son más claras”, dijo.
En este caso, advierte el magistrado, la presidenta “es la demandada, ella tiene que responder ante el juez y el hecho de preguntarle a otro poder, otro poder que es su par, no la desliga de la responsabilidad procesal”.
Juan José Olvera López remató su comentario comparando la situación con la de un menor de edad.
“El hijo le dice, la mamá le impide salir y como ya no hay otra persona en la casa a quien preguntar, le pregunta al vecino, oye, ¿puedo salir? Y el vecino dice, pues, pues sal. Entonces llega a la casa y le dice, oye, pues voy a salir porque el vecino me autorizó salir”, expuso.
Con información de Latinus
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
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