Promueve Regidor uso de prenda naranja cada 25 de cada mes como símbolo contra la violencia hacia las mujeres
Dando seguimiento al exhorto presentado en Cabildo por el Regidor del PAN Adán Galicia, los servidores públicos del Municipio de Chihuahua portan una prenda color naranja cada día 25 de cada mes, como símbolo del compromiso institucional contra la violencia hacia las mujeres. Así atendieron este llamado las y los Regidores del PAN.
Esta acción, que se suma a la campaña "ÚNETE" de la ONU, involucra a todo el personal de la administración municipal y responde al llamado realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que el Regidor Galicia Chaparro presentó como iniciativa y exhortó en la Sesión de Cabildo del pasado 26 de septiembre.
La medida busca mantener presente durante todo el año la lucha por erradicar la violencia de género y fortalecer la cultura de respeto y equidad en nuestra comunidad.
Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y su seguridad expresó el Regidor del PAN, recordando que estamos ante el gran desafío de la violencia de género en el municipio de Chihuahua.
El uso de la prenda color naranja simboliza el compromiso de visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres, recordando que esta lucha debe ser constante y colectiva.
Con esta medida, se busca: mantener visible la lucha contra la violencia hacia las mujeres; fortalecer el compromiso institucional en la erradicación de esta problemática; fomentar la solidaridad y unidad dentro de la administración municipal; sensibilizar a la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto y seguridad para las mujeres.
«La violencia de género no tiene lugar en Chihuahua. Desde el gobierno municipal, reafirmamos nuestra responsabilidad de crear conciencia y proteger a las mujeres», reiteró.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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