Avanzan a la última etapa más de 600 policías municipales que buscan ascender de grado
Más de 600 policías municipales, avanzaron a la última etapa de un proceso para ascender de grado, donde deberán demostrar sus habilidades físicas y conocimientos sobre la carrera policial en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU).
A fin de brindar un mejor servicio a la comunidad, el pasado agosto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), lanzó dicha convocatoria para quienes contaran con la documentación y los requisitos establecidos legalmente para este fin.
En la primera etapa, las y los postulantes debieron entregar al área de Recursos Humanos de la Subdirección Administrativa, una lista de documentos personales, como reconocimientos, certificaciones, títulos profesionales y todo aquello que compruebe el nivel profesional y de estudios con que cuentan.
Posteriormente, en la segunda parte, se realizó la revisión de la situación jurídica y exclusión, por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, en la cual el área legal de la corporación revisó que las y los candidatos no cuenten con problemas judiciales, inhabilitaciones o que hayan aprobado los exámenes de confianza que aplica el Estado.
Finalmente, en esta última etapa, que concluye este noviembre, serán medidas sus destrezas, la condición física, además de un examen teórico de conocimientos generales, así lo dijo Martha Moctezuma, subdirectora de Formación de la DSPM.
La servidora pública recalcó también que se trata de un proceso totalmente transparente y apegado a derecho, en cuya evaluación final participan representantes externos a la DSPM, entre ellos la Universidad Autónoma de Chihuahua, la cual facilitó sus instalaciones, equipo computacional e instructores de la carrera de Educación Física para llevar a cabo el proceso.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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