Emilio Azcárraga deja la presidencia de Televisa por investigación en Estados Unidos relacionada con sobornos a la FIFA
Emilio Azcárraga Jean solicitó licencia para dejar su cargo como presidente ejecutivo de Grupo Televisa en tanto se resuelve una investigación que está llevando a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionada con la FIFA y los negocios de la empresa con el futbol internacional.
“La Compañía sigue cooperando con la investigación”, publicó la televisora en un comunicado.
Televisa estuvo implicada en un juicio por corrupción en Estados Unidos en el año 2017 y un testigo afirmó que una de sus unidades sobornó a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de los partidos de la Copa del Mundo.
El caso por los presuntos sobornos fue reabierto el 30 de agosto del año referido, día en que el empresario anunció que tomaría una licencia de su cargo como director de Televisa.
“Grupo Televisa aprobó una propuesta del Sr. Emilio Azcárraga Jean, Presidente Ejecutivo del Consejo, para tomar licencia con efecto inmediato, en tanto se resuelve la investigación que está llevando a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, relacionada con la FIFA”, se lee en el reporte financiero de la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores.
Con información de Latinus
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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