Cúpula católica dice que la Reforma Judicial causa “polarización sin precedentes”

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) externó el pasado miércoles sus preocupaciones ante la Reforma Judicial aprobada en septiembre, y que el INE y el Senado están en proceso de implementar. La iglesia manifestó que puede haber consecuencias graves para el Estado de Derecho ante la falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes sobre la votación popular de jueces, magistrados, y ministros. 

La CEM argumentó que México no es país que “se inventa, una y otra vez, con la llegada de nuevas administraciones”, sino que su grandeza como Nación estriba en su capacidad probada de dar un “ordenamiento jurídico” e instituciones que aseguren “un mínimo de civilidad”, así como una dirección de progreso, ambas condiciones que dijo, son necesarias para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de los mexicanos.

“Este ordenamiento institucional, sustentado en el respeto a la dignidad inalienable de la persona humana —principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia—, es el que hace posible la promoción del bien común, la solidaridad y la justicia social”, destacó.

“Consideramos que la Reforma Constitucional al Poder Judicial que está en curso debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad, pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad”, profundizó la CEM.

La iglesia pidió tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas representadas, escuchar a los especialistas en Derecho Constitucional, considerar las voces de la sociedad civil organizada, respetar el principio de participación democrática y preservar el bien común por encima de intereses particulares. “Todo esto a fin de no poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta nuestra estructura democrática”, describió la Conferencia.

El respeto al Estado de Derecho, afirmó la CEM, no es solo una necesidad política, “sino una exigencia ética fundamental que emana de la dignidad humana y del bien común. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que: la autoridad debe ejercerse como servicio al bien común. El poder tiene límites morales y legales. La participación ciudadana es un derecho y un deber. La solidaridad es esencial para la paz social. El desarrollo debe ser integral y para todos.

“La falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho”, advirtió el Episcopado.

Asimismo, la iglesia hizo un llamado para que todos los actores políticos y sociales recuperen el diálogo y a fortalecer las instituciones democráticas. La CEM consideró necesario que se debe respetar el orden constitucional de México. “Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos”, finalizó el Episcopado, citando el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia.