No es nuestro papel salir a justificar ante medios las resoluciones: TSJ
Tras la polémica que ha generado la liberación de presuntos homicidas y agresores sexuales, la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta manifestó que, no son la instancia correspondiente para aclarar lo que ocurre en este tipo de situaciones “tengo otros datos”.
“No es el papel de nosotros salir a justificar ante los medios las resoluciones que hacemos, pero, pueden ser muchas razones, porque hay que tener mucho cuidado en las declaraciones que se dan y que no se nos reviertan con el tiempo”, dijo.
Hernández Acosta declaró que, hay que entender que la aplicación de justicia es un proceso que culmina en el Poder Judicial, y que, no inicia con ellos.
Cabe señalar que uno de los casos fue la liberación de los presuntos responsables de los hechos violentos ocurridos en Ojinaga, en donde fueron presentados ante el juez de control a siete personas, la detención se llevó a cabo durante el mes de septiembre.
“Tenemos que saber cómo detener a una persona sin violentar sus derechos humanos eso también a nosotros nos corresponde y nosotros incurrimos en responsabilidad si dejamos pasar esos excesos, no se trata de eso hay procedimientos y hay protocolos para actuar en casos concretos que no me corresponde a mí decirlos ni calificarlos ni cuestionarlos, pero sí me toca analizarlos en una resolución porque hay procesos muy concretos que no se deben ni de exceder ni de omitir para llegar al resultado que deseamos”.
“Muchas veces nos va a tocar ser los malos y se va a decir que lo soltamos o se va a decir que el juez se vendió para tal para que a uno le vaya bien y al otro le va siempre, vamos a estar sujetos a ese juicio equivocado o no, pero nosotros sabemos y nuestras resoluciones respaldan que esos procedimientos están precisamente apegados a derecho”.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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