Entre gritos y protestas, Morena usa su mayoría calificada en el Senado y avala reforma de supremacía constitucional
Con la advertencia de la oposición de que el oficialismo busca impedir la defensa ciudadana frente a cualquier acto de gobierno, Morena usó nuevamente su supermayoría en el pleno del Senado de la República para aprobar en lo general y lo particular la reforma de supremacía constitucional que impedirá los amparos para tumbar reformas constitucionales.
La norma se aprobó esta madrugada por 85 votos de senadores de Morena, PT y del PVEM, y 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El dictamen aprobado fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
“¡No a la dictadura, no a la dictadura!”, gritaron senadores de oposición desde megáfonos. Los senadores del PAN colocaron una manta con la misma leyenda, mientras los oficialistas portaban mantas con la leyenda: “Oposición moralmente derrotada”.
El panista Ricardo Anaya expresó en tribuna: “No estamos discutiendo la reforma judicial, lo que estamos discutiendo hoy es una reforma constitucional que ustedes pretenden aprobar, otra vez de noche, a espaldas del pueblo de México que implica que, si se hace una reforma constitucional, jamás, nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia procederá recurso legal alguno, no habría amparo, no habría acción de inconstitucionalidad y no habría tampoco controversia constitucional”.
El oficialismo argumentó que la reforma propuesta por Adán Augusto López no pretende limitar derechos de los ciudadanos a defenderse, sino únicamente trasladar a la Constitución el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo para que no procedan las impugnaciones contra reformas constitucionales.
“Y lo que queremos hacer con la reforma es dejar con toda claridad establecido que el poder reformador es la Constitución, como órgano que representa la soberanía nacional, que reside esencial y originalmente en el pueblo; no puede ser controvertido por ningún mecanismo de control jurisdiccional”, dijo el senador morenista Enrique Inzunza.
La reforma al artículo 105 constitucional estableció que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Además, la reforma al artículo 107 para establecer que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
La senadora panista Lily Téllez dijo: “Aquí está esta nefasta reforma anticonstitucional que retira cualquier candado para detener a la mayoría despótica e ilegítima cuando pretende modificar la Constitución, aún en contra de su espíritu republicano”.
Con información de Latinus
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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