CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Cámara de Diputados fue instalada la Comisión de Bienestar para la LXVI legislatura, la cual será presidida por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT.
Durante los posicionamientos, el diputado del PAN, Héctor Saul Téllez, planteó que una de las funciones de la Comisión debe ser la de fiscalizar los 2.7 billones de pesos destinados a programas sociales.
Durante la instalación, la presidenta de la Comisión, Ana Karina Rojo, resaltó que la Comisión tiene la responsabilidad de asegurar que las políticas sociales y los programas dirigidos al bienestar de la población sean eficaces, inclusivos y progresivos.
Además, la legisladora enfatizó que continuará luchando por los programas de pensión a las personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad permanente y Sembrando Vida, que son reflejo del compromiso del Estado con los derechos sociales.
“Estamos aquí para construir un país más justo donde el bienestar no sea un privilegio sino un derecho garantizado para todas y todos, invito a todos los miembros de esta Comisión a trabajar de manera comprometida y en unidad porque solo con su esfuerzo colectivo lograremos los resultados de nuestro pueblo”, detalló.
Por su parte, los legisladores de oposición resaltaron que estarán comprometidos con la rendición de cuentas, por lo que solicitaron la intervención del Consejo Nacional de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que acompañará los avances en materia de derechos sociales y enfatizó que una función de la Comisión también es fiscalizar, por lo que planteó trabajar para tener acceso a la información sobre el uso de 2.7 billones de pesos destinados a programas sociales.
Además, el legislador albiazul solicitó la colaboración del Coneval y del INEGI para crear reglas claras, incidir en ellas y que haya indicadores y metodologías adecuadas para constatar el avance de los programas sociales.
“Tenemos una función muy importante que no debemos de olvidar, que es la función de fiscalización. Debemos de trabajar para que no suceda que la Secretaría de Bienestar niegue el acceso a la información sobre el uso de 2.7 billones de pesos durante seis años que se hizo durante el sexenio del presidente López Obrador”, dijo Téllez, quien resaltó que fue el INAI el que tuvo que obligar a la dependencia a entregar la información.
“Creemos que desde esta comisión podemos invitar al organismo, a la estructura, a la secretaria del Bienestar, para que se acceda puntualmente a la transparencia y al uso de los programas sociales así como sus padrones”, resaltó.
Por su parte, el diputado del PRI, Víctor Samuel Palma César, afirmó que realizará un trabajo crítico, autocrítico, comprometido y entusiasta de participar en la rendición de cuentas y se pronunció por mantener el diálogo y la deliberación para internalizar propuestas que construyan una visión compartida.
Con información de proceso.com.mx
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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