Presume diputado Corral Ordoñez ser propietario de más de 100 casas por burocracia en el Infonavit

Como si tuviera la necesidad de confesarse, Jesús Roberto Corral Ordóñez, diputado del Partido del Trabajo (PT), ventiló en tribuna que es propietario de más de 100 viviendas por la burocracia que hay en el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

“¿Qué creen? Que tengo una fortuna, tengo más de 100 casas registradas a mi nombre. Casas que no son mías, que el Infonavit me pagó en la década de los 90, que yo tuve que llevar hasta el pedigree del perro, el predial, el agua, la libertad de gravamen, bueno, ya saben todos los requisitos que necesita una casa del Infonavit”, comentó.

Una de esas casas no ha podido ser escriturada por la madre de Greysy Marian Durán Alarcón, su compañera de bancada desde hace 30 años, porque sigue a nombre de Corral Ordóñez.

“Por razones del destino, sé que esa casa está a su nombre, diputado. ¿Podría explicarme por qué pasa esto?”, preguntó desde su curul la diputada Durán Alarcón.

“Por ahí de 1995, en el fraccionamiento donde usted vive, en la misma comunidad que yo, hice 33 casas y una de ellas le correspondió a su señora madre. Y esa casa está registrada en mi patrimonio. Estamos a unos días de que se nos venza el permiso para tener nuestro patrimonio ahí registrado”, explicó.

En la sesión de este miércoles, el petista recordó que como ingeniero civil se dedicó a la construcción de vivienda de interés social, “específicamente en la década del 90 al 2000 y entonces hice más de 300 viviendas en Cuauhtémoc, Chihuahua”.

Corral Ordóñez dijo que en esa época, “por razones desconocidas”, el Infonavit de Chihuahua ordenó llevar los papeles a su sede nacional, aunque luego de unos años solamente pidieron que los regresara a esa entidad.

“En los últimos 15 años yo he firmado más de 100 casas que ya no son mías y que los que adquirieron en esa época tienen un viacrucis impresionante porque perdieron sus papeles”, reconoció.

El diputado del PT prometió que cuando el Infonavit “tenga a bien ordenar esa papelería, yo le voy a firmar por esas escrituras, como lo tengo que hacer con muchas otras”.

Julen Rementería, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó desde su curul cómo pueden considerarse “válidos los dichos de un orador, para hablar a favor del dictamen de la vivienda, cuando no ha logrado en décadas desprenderse de viviendas que no son suyas”.

El petista reiteró: “a cada uno de los habitantes de esas casas yo les he dicho lo que acaba usted de escuchar que dije a mi compañera Greycy”.

“Ha sido un proceso lento y tortuoso, lo he hecho con toda la confianza, de 6 millones de viviendas deshabitadas (en México), el 10% corresponde a Infonavit”, añadió.

Raúl Lozano Caballero, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), exigió “no utilizar esta tribuna y no generar este precedente para vincular asuntos de carácter privado y de carácter personal”.

“Por este tipo de intervenciones es que hoy la gente opina de nosotros los diputados”, expresó molesto.

Cuando concluyó su intervención, el petista Corral Ordóñez pidió que se leyera la definición de autoritarismo, momento que aprovechó para comenzar a balancearse sin despegar los pies y lanzar besos a Carmen Rocío González, diputada del PAN.

La expresión fue festejada con un “¡bravo!” y carcajadas de sus compañeros de bancada como Ricardo Mejía Berdeja y Ramón Ángel Flores Ramos.

La panista González demandó que al petista: “no me esté aventando besos porque eso es violencia política de género”. 

“La discusión aquí está en el tema de vivienda, no si el señor avienta o no besos, que me respete como diputada porque somos pares”, exigió.

La diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, salió en defensa de su compañero de bancada con el argumento de que la panista “estaba emitiendo adjetivos calificativos hacia el diputado Corral, agrediéndolo de manera abierta”. 

“A eso, él simplemente se voltea, ignora y empieza a hacer gestos amorosos. Ha sido bastante decente en su descripción del desastre que hicieron con la vivienda los panistas”, minimizó.

Anayeli Muñoz Moreno, de MC, propuso revisar “los videos, hay grabaciones, en caso de que el diputado del PT le haya faltado el respeto a una diputada en este recinto, me parece que es obligación de la presidencia decirle al diputado que se retracte”.

“Que le pida una disculpa y que ese tipo de gestos, que son misóginos, no amorosos, no se pueden permitir en este pleno”, afirmó.
Dolores Padierna Luna, presidenta en funciones de la Cámara de Diputados, respondió que “en estos casos lo que procede es acudir al Comité de Ética”. 

José Elías Lixa, vicecoordinador del PAN, aclaró que “el Comité de Ética no se ha integrado y, por lo tanto, al no tener miembros, no se puede dejar a una diputada en un estado de indefensión en un asunto que puede ser de la mayor gravedad”.

“Es un acto vergonzoso, que no debe ser repetido y que cada quien asuma sus responsabilidades”, señaló.

A la denuncia de la diputada del PAN se sumó la emecista Laura Irais Ballesteros Mancilla, por lo que ofreció “nuestra sororidad a la diputada Rocío González, por la violencia política de género que presuntamente recibió aquí en el pleno”.

“Quisiéramos solamente que hubiera un plazo para que esta presidencia se pronuncie y genere una respuesta”, solicitó.

Su compañera de bancada Muñoz Moreno se preguntó si Claudia Sheinbaum, “la mujer que nos gobierna en México, la presidenta estuviera ahí en la tribuna, ¿el diputado le mandaría besos? No lo creo”.

Con información de Latinus.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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