Hallan el cuerpo de la menor Liliana Guadalupe, desaparecida en Chiapas; exigen justicia ante el feminicidio
Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas (FGJE) informó sobre el hallazgo del cuerpo de Liliana Guadalupe, de 12 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 19 de octubre.
A través de un comunicado de prensa, la fiscalía señaló que el cuerpo se encontró en el patio de una casa en la colonia Colón de Tuxtla Gutiérrez.
Asimismo, reveló que el hallazgo se realizó durante un cateo en el lote mencionado, por lo que personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de practicar la necropsia de Ley y efectuar las indagatorias correspondientes.
Por su parte, la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chiapas, señaló que Liliana Guadalupe, fue encontrada semienterrada en el domicilio señalado por la fiscalía.
Esta dependencia, representando también al colectivo de la Comisión de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de 50+1, dio a conocer que la menor desapareció el sábado pasado mientras vendía dulces en calles de la capital chiapaneca, actividad que realizaba para ayudar al sustento de su familia.
"Exigimos justicia y el esclarecimiento inmediato de los hechos. Este feminicidio es un grito desesperado por la urgencia de medidas efectivas que frenen la violencia de género en Chiapas", destacó en comunicado la Comisión.
Con información de Latinus.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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