Los dueños del buque que chocó en Baltimore aceptan pagar 102 millones de dólares por los daños 25 octubre 2024
Washington (EFE).- La Justicia estadounidense anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo de casi 102 millones de dólares con la propietaria y la operadora del buque que se chocó con el puente de Baltimore para resolver una demanda civil presentada por el país por los costos asumidos en respuesta al colapso de esa infraestructura.
El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine Private Limited, ambas de Singapur, han acordado pagar 101,9 millones de dólares.
¿A dónde va el dinero por el choque del buque en Baltimore?
El dinero irá dirigido al Departamento del Tesoro y a los presupuestos de varias agencias federales directamente implicadas en la respuesta a lo sucedido.
El carguero DALI, una nave de 300 metros de eslora y con bandera de Singapur, salía del puerto de Baltimore con destino a Sri Lanka cuando chocó en la madrugada del 26 de marzo con uno de los pilares en el segmento central del puente Francis Scott Key sobre el río Patapsco.
Seis trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en el puente murieron como consecuencia del colapso. Las víctimas fueron dos mexicanos, dos guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño.
Los equipos trabajan para retirar los restos del puente Francis Scott Key encima del buque de carga DALI en el río Patapsco, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Shawn Thew
“Casi siete meses después de uno de los peores desastres de transporte de los últimos tiempos, que se cobró seis vidas y causó daños incalculables, hemos alcanzado un hito importante con el acuerdo de hoy”, dijo el fiscal general adjunto principal Benjamin Mizer.
Estados Unidos movilizó a agencias federales, estatales y locales para retirar unas 50.000 toneladas de acero, hormigón y asfalto tanto del canal y como del propio DALI.
Demanda civil por el Departamento de Justicia
El pasado 18 de septiembre, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Maryland solicitando unos 103 millones de dólares en daños y perjuicios. Según se precisó en el comunicado de este jueves, el acuerdo no incluye los daños por la reconstrucción del puente.
El canal de acceso al puerto de Baltimore, de 700 pies (213 metros) de ancho y 50 pies (15 metros) de profundidad, fue despejado completamente el 10 de junio y desde entonces está operativo para recuperar el tránsito marítimo comercial anterior al accidente.
La reconstrucción del puente tardará unos cuatro años en completarse y su coste está estimado entre los 1.700 y los 1.900 millones de dólares, según avanzaron en mayo las autoridades locales.
Con información de EFE.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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