SCJN acuerda reducción salarial de ministros para 2025 pero solicitará más presupuesto
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el incremento a su presupuesto del 2.3% para el próximo 2025, por lo que solicitará a la Cámara de Diputados que le asignen 5 mil millones 922 mil 900 pesos.
En la propuesta, planteada por la ministra presidenta Norma Piña y apoyada con 8 votos en el Pleno, los ministros acordaron reducir sus salarios para ganar menos de lo que gana Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República.
Aún así, el proyecto recibió los tres votos en contra de Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz.
“Este monto es 23.7% inferior, en términos reales, al que le fue autorizado a la Suprema Corte hace siete años (para el ejercicio fiscal 2018)”, indicó la Corte.
El Máximo Tribunal recordó que para 2024 la Cámara de Diputados ejerció un recorte presupuestal de 321 millones 900 mil pesos, 5.3% de lo solicitado, al asignarle un presupuesto de 5 mil 781 millones 100 mil pesos.
“Para 2025, a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación, se identificaron los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades, apegados rigurosamente a los parámetros de racionalidad, austeridad, efectividad y contención del gasto que se han aplicado desde el ejercicio fiscal 2023”, justificó.
“El proyecto de presupuesto que se presenta se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que estará sujeta, en su caso, a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal”.
La Corte precisó que del presupuesto solicitado destinará 4 mil 813 millones 200 mil pesos a pagar los salarios y prestaciones de sus trabajadores y garantizar sus derechos laborales conforme a lo establecido con la reforma judicial.
Además de la reducción salarial de los ministros, fueron reducidos los salarios de funcionarios de mando de la Corte para cumplir con dicha reforma.
A través de su cuenta de X la ministra Lenia Batres reprochó que el proyecto de presupuesto no contempla la eliminación de los Fideicomisos que maneja la Corte ni la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada que, afirmó, están prohibidos en la Ley de Austeridad Republicana.
Además de que la reducción a las remuneraciones de los ministros sólo implica la eliminación del pago de riesgo.
Con información de Proceso.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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