Emilio Azcárraga deja cargo en la presidencia de Televisa por una investigación de la FIFA

Este jueves trascendió la renuncia de Emilio Azcárraga Jean de la presidencia de Televisa, mientras se resuelve una investigación de la FIFA, tras un supuesto caso de corrupción.

En su cuenta de X, la periodista y presentadora de CNN, Gabriela Frías publicó una parte del comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores, en el que se expone que Azcárraga Jean deja la presidencia de Grupo Televisa.

“Emilio Azcárraga Jean deja la presidencia de Grupo Televisa con efecto inmediato derivado de la investigación del Departamento de Justicia por el caso de corrupción por los derechos de transmisión de los mundiales de futbol”, se afirma en la publicación de la red social.

En medios de información se ha publicado que la renuncia tiene que ver con una polémica de 2017, en la cual se alegó que una subsidiaria de la televisora habría hecho pagos indebidos a oficiales de la FIFA para obtener derechos de transmisión de los Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030 mediante sobornos.

Con información de La Guardia.

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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