Trabajadores del Poder Judicial de San Lázaro afirman que asumirán las consecuencias y seguirán en paro
Los trabajadores del Poder Judicial de San Lázaro se niegan a retomar labores el día lunes 28 de octubre como se había planteado en un inicio. Aseguraron que no hay condiciones y que asumirán las consecuencias.
Tras el fallo de la Consejería Jurídica donde suspendió el paro de labores del Poder Judicial, jueces y magistrados fueron convocados a reanudar sus actividades de manera inmediata.
Ante ello, algunos miembros del órgano jurisdiccional, aseguran que no existen condiciones para laboral, ya que no pueden regresar en libertad; no se han escuchado sus demandas, ni hay una resolución completa sobre cómo se respetarán sus derechos laborales.
El Consejo de la Judicatura Federal advirtió sobre la imposición de descuentos salariales para los trabajadores que se negacen a regresar a sus labores; ante ello, los jueces y ministros de San Lázaro aseguraron que “asumirán las consecuencias” de mantenerse en paro.
Sin embargo, remarcaron que no podían hablar por otros juzagdos, ya que cada uno mantiene una independencia en la materia, de acuerdo con los voceros de los miembros de este recinto, otras cedes continúan reuniendose para determinar si continúan con el paro o acatan la orden del Consejo de la Judicatura.
Con información de Político.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
