Venezuela responde la consulta de Colombia por los rumores de la muerte de 'Ivan Márquez'
Venezuela respondió este jueves la consulta realizada por el Gobierno colombiano sobre la presunta muerte del guerrillero 'Ivan Márquez', jefe de la Segunda Marquetalia, un bloque de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Mediante una nota, Caracas respondió que "no cuenta con información" sobre la muerte del disidente, según divulgó la Cancillería de Colombia, a través de un comunicado publicado en sus redes.
El segundo ciclo de conversaciones entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno colombiano, que estaba previsto para arrancar la tercera semana de octubre en La Habana (Cuba), no ha comenzado principalmente porque Luciano Marín Arango, conocido como 'Iván Márquez', no ha respondido "desde hace unos 20 días", según El Espectador. Esto mantiene las negociaciones paralizadas.
La primera ronda de acercamientos se hizo en la capital venezolana, en junio pasado. A este encuentro asistió el comandante de la Segunda Marquetalia, quien hizo su primera aparición pública, luego de que el gobierno de Iván Duque lo diera por muerto tras ser atacado por el Ejército colombiano en 2022, según un comunicado del grupo armado.
Un mes antes, en mayo de 2024, quien fuera parte del Secretariado de las extintas FARC apareció en un video publicado por El País, lo que puso fin a las especulaciones de que habría muerto a consecuencia de las heridas que sufrió en 2022, durante una emboscada perpetrada por un grupo paramilitar que incursionó en territorio venezolano.
- El 29 de agosto de 2019, 'Márquez' y los fallecidos 'Jesús Santrich' y Hernán Darío 'El Paisa' se reagruparon para tomar las armas y continuar la lucha guerrillera, alegando incumplimientos del Estado colombiano tras la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Con información de Actualidad.rt.
Tips al momento
Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
