Responde Salvemos los Cerros al Municipio

 

A los 3 niveles de gobierno
a los medios de comunicación
a la sociedad civil

A continuación explicamos porqué el comunicado de ayer dado por el gobierno municipal representa un punto negativo en la democracia participativa y la defensa del medio ambiente y territorio.

Lo que se solicitó inicialmente fue una consulta pública para que se declarara área natural protegida. En respuesta, se mencionó que primero debían realizarse estudios. Sin embargo, en la consulta pública se incluyó el tema de "área natural protegida" porque miles de ciudadanos ya reconocemos el valor de esta área, sin necesidad de estudios adicionales. No consideramos necesario esperar una confirmación, especialmente por las siguientes razones:
a) En 2021, el municipio emitió un oficio asegurando que propondría esta área, entre otras, para ser declarada protegida.
b) Ciudadanos nos hemos manifestado pacíficamente, entre familias, vecinos, defensores del territorio, senderistas y grupos ciudadanos.
c) A pesar de que la información publicada por el municipio para la consulta contiene datos falsos, como afirmar que el gobierno municipal no tiene facultades para declarar un Área Natural Protegida (ANP), lo cual es una violación a la ley federal, la misma ley estatal reconoce tres categorías de ANP municipales: zonas de conservación, parques urbanos y paisajes protegidos. Estas categorías son justificables para un cerro que alberga cauces federales de agua y suelo forestal, y anteriormente estaba catalogado como "área natural de valor ambiental", ahora llamado "preservación ecológica".

Por lo tanto, los únicos que desvirtúan la consulta son aquellos que se niegan a proteger el cerro.

Celebramos como un triunfo el anuncio de que se realizará un estudio, aunque en su momento no recibió mucha atención mediática. No obstante, reconocemos la medida, aunque llama la atención que inicialmente se indicó que los estudios se llevarían a cabo en 2025, lo cual consideramos tardío. Solicitamos respetuosamente que se incluya a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y que se suspendan todas las obras, desmontes y cambios de uso de suelo en la zona hasta la conclusión de los estudios.

En ningún momento, ni en ninguna ley, se señala que la CONAFOR o la CONABIO tengan facultades para reconocer nombres geográficos. Solicitamos respetuosamente al municipio que se disculpe por la insinuación engañosa al respecto. El INEGI es el encargado de estos asuntos geográficos. Sin embargo, que un nombre no esté registrado ante el INEGI no significa que tenga menos valor o que no exista. Con una simple búsqueda en Google, se puede comprobar que tanto "Cerro del Caballo" como "Mesa de los Caballos" son nombres populares reconocidos.

Lo que sí es competencia de la CONAFOR es la zonificación forestal del país, información pública que el INEGI también comparte. En un video adjunto a este comunicado explicamos que toda la zona del Cerro o Mesa de los Caballos, así como áreas cercanas, tienen uso de suelo forestal de zona árida, lo cual solo puede ser modificado por la SEMARNAT. Esta zonificación fue realizada en 2011 para gestionar los servicios ambientales de cada área. El gobierno municipal presenta una cartografía desactualizada del INEGI con fines engañosos, ya que no incluye los fraccionamientos de Valle Escondido y afirma que el Cerro del Caballo está lejos de la ciudad, aunque basta con consultar imágenes satelitales actuales para ver que la mancha urbana ya alcanza la Mesa de los Caballos.

En reuniones anteriores con funcionarios municipales, incluyendo al alcalde, recibimos promesas que inicialmente nos dieron confianza. Sin embargo, en la realidad, no ha habido una declaratoria formal de áreas naturales protegidas para sitios mencionados como el Cerro Grande, el Cerro Coronel, el Cañón del Marro y los Picos de la Luna. Estos lugares solo aparecen como propuestas en el plan de desarrollo urbano, lo cual no constituye una declaratoria oficial. En esa reunión se nos acusó de ser "panistas" por una foto con el alcalde. Pedimos entonces que se protegiera el Cerro Coronel, pero no sucedió nada. Esperamos que no pase lo mismo con el Cerro del Caballo. Mentir para simular el cumplimiento de obligaciones ambientales es un delito.

Ya hay casas construidas que desfiguran el paisaje en las faldas del cerro, donde realizamos una clausura simbólica en una manifestación pacífica. Sobre la Universidad Anáhuac, hemos aclarado que la ubicación de los predios, según un video promocional del gobierno del estado, está literalmente al lado del Cerro del Caballo o Mesa de los Caballos, según se muestra en una captura de Google.

Rechazamos los usos de suelo aprobados en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y lo manifestamos en la consulta correspondiente. Solo reconocemos los usos de suelo federales y el decreto de 1936 de zona protectora, emitido por Lázaro Cárdenas, que fue diseñado para proteger la salud y soberanía de Chihuahua.

En conclusión, no estamos en contra del gobierno, estamos a favor del derecho a un medio ambiente sano. No mentimos; al contrario, compartimos información pública verificable. Solicitamos el derecho de réplica en los medios y pedimos que el gobierno municipal deje de desinformar. Nuestro objetivo es salvar los cerros, como otras ciudades han logrado proteger áreas naturales. ¿Es tan difícil? Todo lo que hemos mencionado es verificable, no mentimos, queremos un Chihuahua mejor para nuestros hijos y nietos, un Chihuahua de amor y cuidado por el territorio y no de falso progreso.

Tips al momento

Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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Reforma pretende eliminar defensa legal

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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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