Senado avala que Sheinbaum desconozca resolución judicial para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial
El Senado de la República avaló que el Poder Ejecutivo desacate la orden de eliminar el decreto que promulga la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El pleno del Senado votó sobre una respuesta a la consulta hecha por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en la que cuestionó a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre si la primera mandataria, Claudia Sheinbaum, debe acatar una orden dada por la jueza Nancy Juárez, para dejar sin efectos la reforma judicial.
“Dada la gravedad de ese proceder, y toda vez que el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la Reforma Constitucional, respetuosamente se plantea a esa Soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación”, dice la consulta enviada por la Presidencia.
Con 81 votos a favor y 36 en contra, los senadores de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, autorizaron a la presidenta Claudia Sheinbaum desacatar dicho mandato judicial.
Ley del Diario Oficial impide eliminar la publicación: Sheinbaum
En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Ley del Diario Oficial de la Federación le impide eliminar la publicación de un decreto, pues todo lo publicado es “inalterable” –dijo—según el artículo séptimo de dicha regulación.
Entonces, ¿qué se hizo? Se recibe la notificación […] Y ya que se recibe la notificación, la consejería solicita al Congreso y, además, al Diario Oficial de la Federación. Y el del Diario Oficial de la Federación dice: ‘Yo tengo una ley que me impide eliminar una publicación’”, dijo la presidenta.
En su cuestionamiento al Congreso, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, afirmó que la opinión de la Presidencia “es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable”.
“En virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la Jueza de Distrito es de imposible realización legal, material y fáctica; más aún, se incurriría en una flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación previsto en el artículo 7º. Bis de la Ley que regula a ese órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”.
Con información de Animal Político.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
