Ministro Láynez advierte sobre supremacía constitucional: ‘Cualquier poder sin control, se tiende a abusar’
Fue el miércoles 23 de octubre cuando Morena presentó ante comisión de la Cámara de Diputados la supremacía constitucional, una iniciativa que plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda interferir o “echar abajo” la propuesta para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Antes de que Adán Augusto López informara que los cambios en el artículo 1 de la Constitución serían retirados de la iniciativa, la jueza Juana Fuentes había alertado que la supremacía constitucional era una reforma regresiva.
Según la juzgadora, si la propuesta mantenía la reforma al artículo 1 provocaría que la Suprema Corte no pueda defender los artículos de la Constitución, es decir, que los cambios en la Carta Magna no puedan ser impugnados por otro poder.
Sobre el tema, el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, dijo que cualquier poder sin control tiende a abusar. ‘‘Eso desde la historia lo sabemos, por eso desde la Revolución Francesa se dijo que habría separación de poderes y respeto a los derechos humanos, en México no hay una armonía de poderes’', explicó.
El ministro agregó que en una república democrática siempre debe haber límites y que en nuestro país no existen ahora mismo.
‘‘Es nuestro presente y nuestro futuro lo que puede estar en juego, si estos controles son ilimitados en nuestro país, porque no va a ser solo contra el Poder Judicial, sino que termina revirtiéndose y va a afecta a los ciudadanos’', dijo Javier Laynez Potisek.
¿Qué es la supremacía constitucional?
Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, explicó que propone que no se tomen en cuenta los amparos en contra de la reforma judicial, esto ante la insistencia de jueces y ministros de frenarla, a pesar de que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión.
“Hemos visto que a pesar de que la Ley de Amparo, en el artículo 61, menciona que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales en materia electoral, hay jueces y magistrados que han intentado “chicanear” el que pueda aterrizar la reforma judicial”, explicó Adán Augusto.
En otras palabras, lo que busca el partido de la 4T es que la Suprema Corte “no puede revisar la constitucionalidad de las normas consagradas en la Constitución”, exclusivamente en el caso de la reforma judicial y no en otras iniciativas.
Con información de El Financiero.
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
